A orillas del Mar del Norte, en el nº 10 del Camino Viejo de Waalsdor, a las afueras de esta ciudad holandesa, se encuentran seis flamantes edificios racionalistas en un paisaje de dunas ondulantes. La disposición compacta y escultórica de esas construcciones incluye una torre central que alberga las salas de audiencias de la Corte Penal Internacional. Tal vez Vladímir Vladímirovich Putin se siente algún día en uno de sus banquillos, porque ese tribunal fue creado en 1998 para juzgar crímenes como los que él está perpetrando ante el estupor del mundo.

Justo al lado de la sede de la Corte, está el monumento que conmemora la batalla que tuvo lugar el 10 de mayo de 1940 entre el ejército holandés y paracaidistas alemanes. Los nazis tenían como objetivo capturar aeródromos y forzar a la reina Guillermina a rendirse. A 22 de sus jefes políticos y militares los procesó en Núremberg un Tribunal Militar Internacional, que es uno de los precedentes de la Corte de La Haya.

Desde 1945, políticos y militares han comparecido ante tribunales internacionales para responder por crímenes atroces. La Corte interviene cuando la justicia de ámbito nacional no actúa.

Ese fue el caso tras los crímenes cometidos en los Balcanes por ejércitos de Serbia, cuyo expresidente Slobodan Milosevic fue el primer jefe de Estado que se sentó en el banquillo acusado de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad. Los mismos cargos de los que la comunidad internacional imputa a Putin.

1. Los cargos

La Corte es un tribunal de "último recurso" y no pretende reemplazar el sistema de justicia de un país. Sus 18 jueces, que cumplen mandatos de nueve años, juzgan cuatro tipos de delitos: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión. Menos del primero de ellos, Putin es el inductor presunto de todos los demás. Los detallamos.

La embarazada rescatada de la maternidad de Mariúpol, bombardeada por las tropas rusas. El bebé y ella murieron después. Evgeniy Maloletka AP

El teatro donde han muerto masacrados por bombas rusas al menos 300 personas que se refugiaban dentro. Habían escrito fuera la palabra "niños", para advertir de su presencia.

Una iglesia ortodoxa sigue en pie entre escombros en Mariupol. AP

El 3 de abril, el Gobierno ucraniano recuperó Bucha, una ciudad al noroeste de Kiev, que había estado en manos rusas hasta ese momento. Las imágenes son dantescas: calles repletas de cadáveres de civiles: mujeres y hombres desarmados asesinados, quemados o lanzados a una fosa común construida alrededor de una de las iglesias de la ciudad. Los expertos hablan de crímenes de guerra y genocidio.

El miércoles 9 de marzo, Rusia bombardeó un hospital de maternidad de Mariúpol. Una mujer embarazada sufrió un aplastamiento de la pelvis y el desplazamiento de la cadera. Murió rogando a los médicos que salvaran la vida de su hijo, que también murió. Las imágenes de las secuelas del ataque, que muestran a la mujer en una camilla, conmocionarán al mundo por mucho tiempo porque personifican el horror.

Ese mismo día, 1.300 personas se refugiaron en el Teatro Dramático en el corazón de la ciudad. La palabra "niños" estaba escrita en dos lados del teatro antes de ser bombardeado el 16 de marzo. Murieron dentro al menos 300 personas, según el balance provisional de las autoridades locales. La comisionada de Derechos Humanos del Parlamento ucraniano, Lyudmila Denisova, calificó el ataque como "un terrible crimen contra la humanidad". "Lo fue —asegura Paz Arenas, profesora de Derecho Penal de la Complutense—. Según el Estatuto de Roma, que, en su artículo 8, tipifica esos delitos, es un crimen de guerra atacar por cualquier medio viviendas o edificios que no estén defendidos y que no sean objetivos militares".

De Mariúpol apenas queda piedra sobre piedra y se ha convertido en la Gernika ucraniana, el símbolo de la destrucción y el ensañamiento con los civiles. Pero en Járkov, una pacífica gran ciudad al Oeste de Ucrania, decenas de relatos de testigos aseguran también que hubo una destrucción intencionada. "Los rusos sabían dónde disparaban", explican. Entre los testigos de la barbarie está el alcalde de la ciudad, Igor Terekhov, que documentó la muerte de cuatro personas "que salieron del refugio para conseguir agua. Una familia de dos adultos y tres niños se quemó viva dentro del coche". "Esa conducta está tipificada como crimen de guerra por el artículo 8 del Estatuto de Roma, que es el Código Penal de la Corte Internacional", dice Paz Arenas.

"El Ejército ruso ha mostrado un flagrante desprecio por la vida de los civiles usando misiles"

Amnistía Internacional

Según Amnistía Internacional, "el Ejército ruso ha mostrado un flagrante desprecio por la vida de los civiles usando misiles balísticos y otras armas explosivas con efectos de área amplia en zonas densamente pobladas". Amnistía Internacional también ha registrado el ataque a cuatro escuelas y dos hospitales. En la mañana del viernes 25 de febrero, una guardería fue atacada con municiones de racimo, mientras los civiles se refugiaban en el interior. Mataron a tres personas, incluido un niño. Otro resultó herido.

Human Rights Watch documentó que otra bomba de racimo impactó el sábado 26 de febrero a las afueras de un hospital en Vuhledar, en la región de Donetsk, causó la muerte de cuatro civiles y dejó diez heridos.

Las bombas de racimo explotan a cientos de metros en el aire liberando bombas más pequeñas que detonan cuando caen al suelo. Se lanzan tanto en misiles como por artillería y —dice la profesora Paz Arenas— "están prohibidas en el artículo 51 del Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra sobre la protección de las víctimas de las guerras. Más cien países firmaron, en 2008, en Oslo la Convención sobre Municiones en Racimo, que prohíbe su producción, almacenamiento, uso y exportación".

Centro comercial Retroville en Kiev antes y después del bombardeo. Reuters

También están prohibidas las bombas de vacío, o termobáricas, que absorben el oxígeno del aire para generar una poderosa explosión y una gran onda de presión con efectos devastadores. El director de armas de Human Rights Watch, Steve Goose, denunció a las fuerzas rusas por el uso de estas "armas que matan y mutilan de manera indiscriminada". "Esta conducta está tipificada en el artículo 8 del Estatuto de Roma como crimen de guerra", asegura Paz Arenas.

En uno de los ensanches al norte de Kiev, a última hora del domingo 20 de marzo, el nuevo centro comercial Retroville sufrió la saña de las bombas. La explosión, que se oyó a varios kilómetros, dejó un gigantesco cráter y mató a ocho personas, según la Fiscalía General ucraniana.

"Se está investigando el traslado forzoso a Rusia de 2.389 niños de los territorios ocupados de Ucrania"

Iryna Venediktovade, fiscal general de Ucrania

Las fuerzas rusas han sido acusadas por la fiscal general Iryna Venediktovade de deportar por la fuerza a miles de niños de las regiones de Donetsk y Lugansk. "Se está investigando el traslado forzoso a Rusia de 2.389 niños de los territorios ocupados de Ucrania", denunció Venediktovade. De nuevo la profesora Arenas: "El artículo 7 del Estatuto de Roma tipifica esa conducta como crimen de lesa humanidad".

Las imágenes del bombardeo del hospital de maternidad, de la destrucción del teatro de Mariúpol o de los cientos de edificios abatidos por la artillería han congelado la sangre en las venas de todo el mundo. Todas esas acciones son crímenes de guerra y a quien los haya perpetrado u ordenado —Putin, sin duda— les espera una citación de la justicia internacional.

2. Las pruebas

La documentación gráfica y filmada de la monstruosidad que se abate sobre Ucrania es colosal. Desde el jueves 17 de marzo esas imágenes y testimonios engrosan la investigación que ha abierto el británico Karim Khan, fiscal jefe de la Corte de La Haya, a instancias de 39 miembros del tribunal, entre ellos España.

El propio presidente Zelenski ha pedido a la población que conserve vídeos y grabaciones como pruebas de cargo y ya se han abierto más de 2.000 denuncias por crímenes de guerra que afectan a unos 70 cargos políticos y militares rusos.

Imágenes de la visita a Ucrania del fiscal general del Tribunal Penal Internacional, Karim A. A. Khan, y su encuentro con el presidente Zelenski. Tribunal Penal Internacional

Putin revocó en 2016 la firma de la Federación Rusa del Estatuto de Roma, lo que dejó a las autoridades del país fuera de la jurisdicción de la Corte de La Haya, que es lo que Putin buscaba. Ucrania, sin embargo, ha otorgado a la Corte jurisdicción ad hoc para los crímenes de guerra perpetrados en ese país. Cualquier crimen de guerra que se cometa en territorio ucraniano será jurisdicción de la justicia internacional. El intento de Putin de invalidar a la Corte ante un eventual proceso contra él fue en vano.

"El artículo 27 es uno de los más impactantes del Estatuto de Roma —explica Paz Arenas—, especifica que el cargo de jefe de Estado o de Gobierno en ningún caso eximirá de responsabilidad penal. El Estatuto se aplica por igual a todos, sin distinción alguna basada en el cargo oficial".

El 17 de marzo el jefe de la diplomacia europea Josep Borrell respaldó la persecución de los "perpetradores" y recordó los "ataques deliberados a civiles e infraestructuras, que constituyen serias violaciones del derecho humanitario internacional. Los funcionarios gubernamentales responsables y líderes militares tendrán que rendir cuentas". En ello están también el presidente de Estados Unidos Joe Biden y el Gobierno británico, que creen que Putin ha cruzado la línea roja que determina la violación de las leyes internacionales humanitarias en los conflictos armados.

"Los ataques deliberados a civiles e infraestructuras constituyen serias violaciones del derecho humanitario"

Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea

Sin embargo, es enormemente difícil probar la intención de cometer crímenes de guerra. Tanto, que en 20 años sólo seis personas han cumplido sentencias por violación de las normas establecidas en la Convención de Ginebra o el Estatuto de Roma, que sancionan no sólo las agresiones que tienen a civiles por objetivo, sino también ataques que, aun teniendo objetivos militares, causen un número desproporcionado de muertes de civiles.

Las nuevas tecnologías facilitan la recopilación de pruebas como imágenes, grabaciones o testimonios de víctimas y testigos. La Corte recibirá la ingente documentación recopilada por ONGs, la Fiscalía y plataformas como la agencia de periodismo de investigación Bellingcat. Como antes los chechenos o los sirios, los ucranianos han visto cosas que la humanidad creía que no volvería a ver. No hay en el mundo losa mayor que persiga a Putin el resto de su vida.

3. El arresto

Cuando el dictador camboyano Pol Pot diezmaba a su propio pueblo en los años 70, el escritor George Steiner soñó que un poderoso Ejército de Naciones Unidas lo detenía con estas consideraciones: "Señor, ignoramos las razones por las que masacra a su pueblo, tampoco nos interesan los motivos de sus crímenes atroces. Pero en nombre de los principios de la civilización, de la razón y la piedad, la humanidad ejerce el derecho natural a la injerencia humanitaria y no tolera más sus crímenes". Y acto seguido lo arrestaban y lo ponían a disposición de un tribunal internacional.

El genocida camboyano Pol Pot, recibiendo al rumano Nicolae Ceauşescu en 1978. Wikipedia

No será un Ejército de Naciones Unidas quien arreste a Putin, pero una vez que se depuren las pruebas que acrediten que cometió crímenes atroces, el fiscal puede solicitar que una sala de la Corte de La Haya emita una orden de arresto contra él. Pero la Corte no tiene —cosa que disgustaría a Steiner— su propia fuerza policial u organismo de ejecución para arrestarlo, depende de la cooperación con países de todo el mundo para realizar el arresto y transferirlo a su Centro de Detención en La Haya.

Putin también podría ser juzgado en un país elegido por la ONU o por un consorcio de países interesados. Pero será difícil. Tendrían que pasar muchas cosas en Rusia para que fuera arrestado. Tal vez sólo Víktor Zólotov, su exguardaespaldas y actual general al mando de la Rosgvárdia (la Guardia Nacional que sólo responde ante Putin) podría ser su Judas, como lo fue Zoran Mijatovic para Milosevic. Las circunstancias de la detención y traslado del verdugo de los Balcanes desde Belgrado a La Haya, algún día podrían ser parecidas a las que rodeen el arresto del carnicero de Ucrania y permitan su traslado a La Haya.

Si la Corte emitiera una orden de arresto, Putin no podría viajar a los 123 países que forman parte del Estatuto de Roma por temor a seguir los pasos de Pinochet en Londres. Otros países también podrían entregarlo. Si finalmente se produce un cambio de régimen en Rusia, podría ser entregado o, como sucedió con el presidente de Sudán Omar al-Bashir, Rusia podría designar su propio tribunal para juzgarlo.

4. Los precedentes

Termine como termine esta monstruosidad, Putin tendrá un futuro tenebroso porque en todos los países signatarios del Estatuto de Roma correrá el riesgo de ser detenido.

Escoltado por militares secuaces, Slobodan Milosevic resistió desde la tarde del viernes 30 de marzo de 2001 hasta la madrugada del domingo 1 de abril en el búnker de su residencia belgradesa la calle Uzicka, paradójicamente llamada la Villa de la Paz. La residencia perteneció al mariscal Tito, pero no sirvió de amuleto a su sucesor.

Escena de la serie de televisión que recrea la detención del ex presidente Slobodan Milosevic. Filmin

Pertrechado con fusiles de asalto y granadas, un comando policial irrumpió en la mansión. La guardia pretoriana del dictador abrió fuego mientras que sus simpatizantes improvisaban un muro humano. Dos agentes y un periodista resultaron heridos. Tras arduas negociaciones, a las cuatro y media de la madrugada, Milosevic se rindió y fue conducido a prisión.

Tres meses después, el 28 de junio de 2001, el primer ministro Zoran Djindjic (en una decisión que le costaría la vida dos años después a manos de una banda mafiosa auspiciada por Milosevic) ordenó a Zoran Mijatovic, que había sido jefe de los servicios de seguridad de Milosevic, que llevara al expresidente desde la cárcel central de Belgrado hasta el aeropuerto sin que nadie lo supiera. Los británicos asumieron la responsabilidad de trasladar al criminal a La Haya en un avión militar, pero el avión no podía aterrizar en Belgrado antes de las 23 horas.

¿Qué hacer con Milosevic toda la tarde y una parte de la noche?, se preguntaba Mijatovic sabiendo que era imposible guardar el secreto de que su celda de Belgrado ya estaba vacía. Sólo de pensar que los secuaces del expresidente no tardarían en saberlo, a Mijatovic se le estremecía la cal de los huesos. Consiguió sacar a Milosevic en helicóptero hasta la base de Estados Unidos en Bosnia y esperar al avión británico.

Slobodan Milosevic habla con el presidente estadounidense Bill Clinton, el 14 de diciembre de 1995. CIA Wikipedia

Milosevic murió cinco años después en La Haya, en el Centro de Detención de la ONU del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, antes de que los jueces llegaran a un veredicto. Sus aliados serbobosnios Radovan Karadzic y Ratko Mladic fueron procesados y cumplen cadena perpetua.

El expresidente liberiano Charles Taylor fue condenado a 50 años tras ser declarado culpable de patrocinar atrocidades en la vecina Sierra Leona. El exdictador de Chad, Hissène Habré, condenado a cadena perpetua, fue el primer exjefe de Estado en ser condenado por crímenes de lesa humanidad.

5. El proceso

No es sólo la Corte de La Haya la que puede juzgar a Putin. Al tratarse de crímenes que el Derecho de Gentes llama erga omnes (contra todos), cualquier juez en cualquier lugar del mundo puede abrir una investigación, siempre que la legislación del país adopte la justicia universal, que es el caso del 80% de los Estados. Además, son crímenes imprescriptibles y sólo la muerte preserva a los culpables. Aunque ni siquiera la muerte los exonera.

Antes del juicio oral, tres jueces de instrucción confirmarían la identidad del sospechoso Vladímir Vladímirovich Putin y se asegurarían de que comprendiera los cargos. Después de escuchar al fiscal, la defensa y el representante legal de las víctimas, los magistrados decidirían (generalmente dentro de 60 días) si hay pruebas suficientes para que el caso vaya a juicio.

La sede del Tribunal Penal Internacional en La Haya, Países Bajos. Tribunal Penal Internacional

La Fiscalía deberá probar más allá de toda duda razonable la culpabilidad de Putin. El fiscal y el tribunal tendrían pocos problemas de prueba. Ninguna guerra ha sido retransmitida en directo con tanta prontitud y dramatismo. La posibilidad de salir impune quedaría sustancialmente reducida por la facilidad de acopio y la ingente cantidad de pruebas de la violación del Derecho de Gentes, que Putin ha emprendido en flagrante desacato a la legislación internacional.

"Los jueces de primera instancia considerarán todas las pruebas y alegaciones, luego emitirán un veredicto y, si fuera de culpabilidad, redactarán una sentencia. Si no hay pruebas suficientes, el caso se cerrará y Putin quedará en libertad", explica la profesora Arenas.

"Los jueces considerarán todas las pruebas. Si no hay suficientes, el caso se cerrará y Putin quedará en libertad"

Paz Arenas, profesora de Derecho Penal

Contra el criterio de numerosos países, entre las penas previstas en el Estatuto que da vida a la Corte no figura la pena capital. Los jueces podrían condenarlo a pena privativa de libertad de hasta 30 años y, si concurrieran circunstancias excepcionales, a cadena perpetua. En 20 años, la Corte ha dictado sólo nueve condenas. Tanto la absolución como el veredicto están sujetos a apelación por parte de la defensa y del fiscal. 

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Adolf Hitler, en Núremberg en 1933; doce años después, el juicio a 22 dirigentes nazis en la misma ciudad alemana. EE

Para su alegato, el fiscal del proceso a Putin tendría sobrados precedentes en los que inspirarse, aunque tal vez pocos tan elocuentes como el de Robert H. Jackson, juez de la Corte Suprema de Estados Unidos y fiscal principal en los juicios de Núremberg a 22 jerarcas nazis. En su discurso de apertura ante el Tribunal Militar Internacional dijo que "los agravios que intentamos condenar y castigar han sido tan premeditados, tan malignos y tan devastadores que la civilización no puede tolerar que se los pase por alto".

El fiscal que acuse a Putin podría añadir al alegato de su colega americano que el orgullo de ser como un zar ha arrastrado a este hombre a las mayores atrocidades. Vladímir Vladímirovich quiso apurar hasta agotarla la bebida misteriosa que llaman gloria. Es un nuevo Eróstrato, el personaje de la Antigüedad que destruyó el templo de Artemisa en Éfeso para hacer su nombre inmortal.

"No es el patriotismo sino una vanidad inconmensurable el sentimiento que gobierna a este criminal"

Borís Nemtsov, opositor ruso asesinado

"No es el patriotismo ni el sentimiento del agravio a Rusia sino una vanidad inconmensurable el sentimiento que gobierna a este criminal", dijo el opositor mártir Borís Nemtsov. Según numerosos psicólogos, Putin se cree un salvapatrias, pero para la humanidad profana es un Atila o un Tamerlán de una horda que jadea entre crímenes y pesadillas, un resentido que ignora que la paz es el mayor de los bienes.

Tal vez en la sala de audiencias de la Corte escuchemos algún día palabras como esas en boca de un fiscal.

La sala de juicios del Tribunal Penal Internacional en La Haya. Tribunal Penal Internacional

6. La sentencia

Tal vez algún día, tres magistrados justos eviten con una sentencia que los crímenes de Putin queden sin castigo, porque conmueven la conciencia de la humanidad.
Aplicando el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, los Convenios de Ginebra, la Convención de Oslo, los principios generales del Derecho y sus reglas de procedimiento y prueba, ese tribunal podrá probar la mens rea (imputabilidad) de Vladímir Vladímirovich Putin en los siguientes crímenes:

De agresión. En relación con su responsabilidad en el cargo de planificar, preparar y ordenar la invasión con uso de la fuerza armada contra la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de Ucrania. Lo que constituye una violación de la Carta de las Naciones Unidas y del artículo 8 bis del Estatuto de Roma.

De lesa humanidad. En relación con su responsabilidad en los cargos de 1) Deportación y traslado forzoso a Rusia de 2.389 niños de las regiones de Donetsk y Lugansk. 2) Ataque contra poblaciones civiles de Mariúpol, Járkov, Kiev, Odesa, Leópolis, Jersón, Berdyansk, Mikolaiv, Sumi, Hostomel, Chernihiv, Irpín y Priluki. 3) Exterminio en su modalidad de privación del acceso a alimentos y medicinas. Hechos que constituyen una violación de la Carta de las Naciones Unidas y del artículo 7 del Estatuto de Roma.

De guerra. En relación con su responsabilidad en los cargos de 1) Destrucción no justificada por necesidades militares y efectuada a gran escala, ilícita y arbitrariamente. 2) Ataques contra personas civiles que no participaban directamente en las hostilidades. 3) Ataques intencionados contra bienes civiles que no son objetivos militares. 4) Ataques intencionados contra edificios dedicados a la religión, la educación, las artes, la beneficencia, hospitales y lugares en que se agrupa a enfermos y heridos. 5) Empleo de bombas de racimo e isobáricas que, por surtir efectos indiscriminados, son objeto de una prohibición completa. Conductas que constituyen infracciones graves de los Convenios de Ginebra y violación manifiesta del artículo 8 del Estatuto de Roma.

Por uno de solo de esos cargos Putin sería condenado hasta a 30 años de reclusión en aplicación del artículo 77 del Estatuto de Roma. Por el concurso de todos los crímenes, le esperaría la pena de reclusión a perpetuidad.

Esa sentencia sería uno de los mayores tributos que el poder haya rendido jamás a la razón.

Civiles en Mariúpol cavan tumbas para los fallecidos en la guerra. Reuters

Jefes de Estado, criminales en el banquillo

El sudanés Omar al Bashir, uno de los jefes de Estado acusados por crímenes contra la humanidad. Reuters

El privilegio de la inmunidad de los jefes de Estado no incluye su protección en los casos de presunta autoría de crímenes contra la humanidad. Así lo prevé el artículo 27 del Estatuto de Roma, que legitima a los tribunales internacionales para procesarlos incluso estando en el desarrollo de sus cargos. Hasta el momento, siete jefes o exjefes de Estado se han sentado en el banquillo por crímenes contra la humanidad.

SLOBODAN MILOSEVIC. El presidente yugoslavo de 1997 a 2000 fue inculpado en 1999 por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y transferido a La Haya en junio de 2001. Fue el primer jefe de Estado que compareció ante la justicia internacional. Murió en su celda en marzo de 2006, durante el proceso como reo de genocidio, crímenes de lesa humanidad y de guerra durante los conflictos en ex Yugoslavia en los años 90, que dejaron más de 200.000 muertos.

MILAN MILUTINOVIC. Presidente de Serbia de 1997 a 2002, fue inculpado en 1999 por crímenes de guerra y de lesa humanidad durante el conflicto en Kosovo (1998-1999) y se entregó al Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia en enero de 2003. Tras dos años de juicio, fue absuelto en febrero de 2009.

CHARLES TAYLOR. El expresidente de Liberia de 1997 a 2003 fue inculpado en 2003 por crímenes de guerra y de lesa humanidad durante el conflicto civil en Sierra Leona, que dejó 120.000 muertos entre 1991 y 2001. Detenido en 2006 en Nigeria, fue acusado de haber suministrado armas a cambio de diamantes a los rebeldes sierraleoneses. Transferido de Freetown (Sierra Leona) a La Haya, fue juzgado desde junio de 2007 a marzo de 2011 ante el Tribunal Especial para Sierra Leona.

El ex jefe de Estado del Jemer Rojo Khieu Samphan, en la sala de audiencias. Efe

KHIEU SAMPHAN. Detenido en 2007, el exjefe de Estado de Kampuchea Democrática (nombre oficial de Camboya bajo la dictadura de Pol Pot) fue inculpado de genocidio, crímenes de lesa humanidad y de guerra. Compareció desde noviembre de 2011 en Camboya ante una corte especial patrocinada por la ONU, que tuvo a su cargo juzgar los crímenes más graves durante el régimen de los Jemeres Rojos (1975-1979).

OMAR AL-BASHIR. El presidente sudanés fue requerido en marzo de 2009 por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, de guerra y genocidio en Darfur. Las alegaciones contra Al-Bashir incluían la organización de una campaña de exterminio de tres tribus de agricultores —fur, masalit y zaghawa— en la que murieron al menos 35.000 personas. Al-Bashir se valió de las fuerzas armadas y de milicias paramilitares árabes conocidas como yanyauid que expulsaron a los campesinos de sus tierras. Otros 2,5 millones de civiles se vieron obligados a huir a campos de refugiados sujetos a un régimen de violaciones, hambre y terror, "un genocidio sin cámaras de gas, sin balas ni machetes, sino por desgaste", aseguró el fiscal.

LAURENT GBAGBO. El expresidente de Costa de Marfil fue detenido en abril de 2011, transferido a La Haya y encarcelado tras requerir su detención la Corte Penal Internacional. Acusado de coautoría de crímenes de lesa humanidad cometidos por sus fuerzas entre diciembre de 2010 y abril de 2011, su negativa a ceder el poder a su rival Alassane Ouattara, tras las elecciones presidenciales, provocó un estallido de violencia que causó 3.000 muertos.

HISSÈNE HABRÉ. Exdictador de Chad, fue acusado de persecuciones étnicas entre 1984 y 1989. Detenido y puesto en arresto domiciliario en Dakar, Senegal creó su propia corte especial de crímenes de guerra para juzgarlo. El 30 de mayo de 2016, el tribunal declaró a Habré culpable de crímenes contra la humanidad, violación, esclavitud forzada, homicidio voluntario, práctica masiva y sistemática de ejecuciones sumarias, secuestro de personas, torturas y actos inhumanos. Hasta su muerte en agosto de 2021, cumplió cadena perpetua en la cárcel de Cap Manuel de Dakar.