La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.
Mucho ruido y pocas casas
Se construye poco, se alquila y se compra caro, y, sobre todo, se vive peor. Mientras tanto, millones de jóvenes, familias y mayores siguen esperando un hogar, no un eslogan.
Por desgracia, ya conoces esta historia. Encuentras un piso en internet y crees que, por fin, ha llegado el momento de independizarte. Es justo lo que buscabas. Dos habitaciones, está en buen estado, la zona es céntrica y hasta hay un metro cerca.
La cosa sólo mejora. Está amueblado con gusto y parece que incluso tiene una pequeña terraza para desayunar al sol los domingos por la mañana.
Todo parece ideal hasta que chocas con el gran escollo: el precio. Lo piensas un buen rato. Es un poco caro, pero el mercado no ofrece muchas más alternativas, el tiempo corre y uno no puede pasarse la vida buscando.
Por fin te lanzas, escribes, cruzas los dedos y esperas.
Esperas y esperas.
Días después, la agencia responde. Enhorabuena, has pasado a la siguiente fase… del casting del alquiler. Que hay "mucha demanda", que otro "ofrece más", que el mercado "está como está".
Edificio destinado a viviendas de alquiler asequible.
Y ahí, entre correos automáticos y visitas exprés, se esfuma la ilusión de un proyecto de vida.
El acceso a la vivienda en la Unión Europea se ha convertido en un reto crucial de nuestro tiempo. Según el Eurobarómetro de julio de 2025, la falta de vivienda asequible es la principal preocupación de los ciudadanos comunitarios.
En los últimos ocho años, los precios de la vivienda en la Unión han aumentado una media del 48%, mientras que los alquileres han subido un 18%, lo que a menudo representa hasta el 40% de los ingresos mensuales de un hogar.
El impacto de esta crisis no se limita a los jóvenes que retrasan su emancipación (sólo en España, la edad media roza ya los treinta años, frente a los 26,3 años de media en la UE en 2023), sino que también golpea a las familias con rentas medias y a nuestros mayores.
No hace falta indagar demasiado para encontrar la raíz del problema. Europa atraviesa una grave escasez de vivienda, a la que se suma la necesidad urgente de modernizar y rehabilitar el parque inmobiliario existente.
La construcción residencial cayó un 5,7% en 2024 tras haber retrocedido ya un 2,6% el año anterior.
Desde hace más de una década, el continente construye poco e invierte menos de lo necesario, y las razones son múltiples.
1. La escasa disponibilidad de suelo para el desarrollo.
2. Los interminables trámites para obtener licencias de obra.
3. El impacto acumulado de la normativa europea (especialmente en materia energética).
4. Una fiscalidad excesiva sobre la edificación.
5. El encarecimiento constante de los materiales, que ha disparado los costes de construcción.
Todo ello mientras la productividad sigue estancada y los salarios reales apenas avanzan, alejando a millones de familias de una vida estable.
"La sobrerregulación impulsada por medidas tan bienintencionadas como contraproducentes como la Ley de Vivienda no ha aliviado la crisis: la ha agravado allí donde se ha aplicado"
En nuestro país, esa tendencia europea adquiere proporciones mucho más graves.
El Banco de España cifra en más de 700.000 las viviendas que faltan en el mercado, un déficit que aumenta anualmente en torno a 100.000 unidades ante la inacción o falta de medidas estructurales en materia de política de vivienda.
El problema se agrava por la inseguridad jurídica, la inestabilidad normativa y un marco regulatorio que desincentiva la inversión y frena la promoción residencial.
A ello se añade la permisividad frente a la okupación, la intervención artificial de precios y la escasa ejecución de los programas públicos. El Gobierno prometió 180.000 viviendas financiadas con fondos europeos. Pero apenas ha materializado unas 10.000.
El caso español es, lamentablemente, el ejemplo perfecto de lo que no debe hacerse. La sobrerregulación impulsada por medidas tan bienintencionadas como contraproducentes como la Ley de Vivienda no ha aliviado la crisis: la ha agravado allí donde se ha aplicado.
La norma ha sembrado desconfianza entre propietarios e inversores, que retiran sus viviendas de un mercado intervenido en busca de entornos más seguros.
Muchos las destinan al alquiler temporal, lo que agrava aún más la falta de vivienda habitual y eleva los precios.
En resumen. Se construye poco, se alquila y se compra caro, y, sobre todo, se vive peor.
Mientras tanto, el Gobierno se refugia en campañas en redes, en teléfonos que no llevan a ninguna parte y en promesas que nunca se cumplen.
Mientras tanto, millones de jóvenes, familias y mayores siguen esperando un hogar, no un eslogan.
La crisis de la vivienda debe abordarse mediante un enfoque secuencial en dos fases complementarias.
En primer lugar, es necesario aumentar considerablemente la oferta de viviendas para aliviar el desequilibrio estructural del mercado. De lo contrario, las presiones de la demanda seguirán alimentando la subida de precios y limitarán la accesibilidad.
"Defendemos reforzar la seguridad jurídica y proteger el derecho de propiedad como pilares esenciales de la política de vivienda, porque sin estabilidad legal no hay inversión ni confianza"
En segundo lugar, debe respaldarse la demanda de vivienda para garantizar que las personas más necesitadas, en particular los jóvenes y las familias con ingresos bajos y medios, puedan acceder a una vivienda asequible, proporcionando mecanismos de apoyo financiero que no distorsionen el mercado y respeten la igualdad de condiciones.
Desde el Parlamento Europeo, y por parte del Grupo del Partido Popular, hemos impulsado el informe sobre vivienda, donde proponemos actuar sobre los cuellos de botella del sector y responder a estos desafíos.
Apostamos por agilizar los procedimientos administrativos para que los permisos de obra se concedan en un plazo máximo de sesenta días, con la misma urgencia que los proyectos de defensa, y por promover una normativa europea que favorezca la rapidez y la eficiencia en el desarrollo urbano.
También pedimos revisar la Directiva sobre el rendimiento energético de los edificios y adaptar la Directiva sobre eficiencia energética para reducir cargas administrativas y facilitar el cumplimiento técnico que retrasa la construcción.
Asimismo, defendemos reforzar la seguridad jurídica y proteger el derecho de propiedad como pilares esenciales de la política de vivienda, porque sin estabilidad legal no hay inversión ni confianza.
También reclamamos que los fondos europeos deben gestionarse con mayor eficacia para atraer capital privado hacia la construcción de vivienda asequible, social y pública, mientras que los Estados miembros deben poder aplicar incentivos fiscales y medidas específicas que apoyen a las familias y a quienes buscan su primera vivienda.
![Construcción de vivienda social en Madrid.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2022\/12\/29\/invertia\/observatorios\/vivienda\/729687603_229838351_320x180.jpg"])
El problema no se resuelve con más intervencionismo, sino con más eficacia. Con suelo disponible, con confianza en quienes promueven, con reglas claras y con instituciones que acompañen en lugar de obstaculizar.
Europa necesita menos ruido y más casas.
Y mientras algunos gobiernos se pierden en gestos y propaganda, desde la Unión Europea seguimos trabajando para que cada ciudadano pueda tener algo más que un techo. Un hogar desde el que construir su futuro.
Es nuestra responsabilidad estar a la altura de este reto, dejar de lado los dogmas ideológicos y trabajar juntos para lograr mejoras tangibles en la vida de las personas.
No hacerlo pone en peligro nuestros valores, nuestras sociedades democráticas y la competitividad de nuestro continente.
*** Borja Giménez Larraz es eurodiputado por el Partido Popular Europeo.
