La apertura de un nuevo (aunque breve) período legislativo en Madrid ofrece la oportunidad de reformar el sistema sanitario madrileño.

Partimos de la base de que el sistema sanitario español necesita reformas y de que esta necesidad precede a la pandemia. Las últimas reformas de calado se hicieron hace más de 30 años. Desde entonces, los partidos hegemónicos nunca han cogido el toro por los cuernos. Y eso a pesar de los evidentes cambios sociales, epidemiológicos y tecnológicos que han producido en el país.

Suele decirse que la Covid ha dejado clara la necesidad de reforzar el sistema sanitario. Esto es evidente. La pregunta es ¿cómo se refuerza? ¿Sólo el sector público? ¿Sólo con más dinero?

Es dudoso que más dinero resuelva la situación si no hay reformas, de la misma manera que un motor averiado no funcionará mejor por mucha gasolina que se meta en él. Por otra parte, dinero público no va a haber mucho. Frente a las promesas del Gobierno previas a la pandemia, no está ahora en el horizonte alcanzar el 7% del PIB dedicado a Sanidad en esta legislatura. Las previsiones del Programa de Estabilidad 2021-2024 son, en cambio, las de un 6,2% en 2024.

El sector público necesita reformas. Algunas de ellas (un nuevo modelo de gobernanza basado en agencias especializadas, el papel del Ministerio, la participación en el conjunto del sistema, etcétera) requieren un impulso nacional.

Pero hay reformas que se pueden ejecutar a nivel autonómico. Máxime si, como es previsible, no hay iniciativas a nivel central.

Hay que transformar la atención primaria mediante la creación de redes asistenciales multiprofesionales

En el caso de Madrid, y entre otras, las siguientes:

1. Fortalecimiento de todas las estructuras de salud pública.

2. Transformación (no sólo refuerzo, como suele decirse) de la atención primaria mediante la creación de redes asistenciales multiprofesionales y multinivel para la atención sistemática a los pacientes con enfermedades crónicas complejas.

3. Plan de salud dental (mediante acuerdos con los dentistas privados, como ocurre en el País Vasco).

4. Plan de salud mental.

5. Flexibilidad del régimen estatutario, haciéndolo compatible con otras situaciones laborales, como en Cataluña.

6. Abordar con urgencia el grave problema de la temporalidad de la única forma que puede hacerse: ofertando a los interinos un contrato laboral indefinido.

7. Dando mayor autonomía a los centros sanitarios mediante la creación de juntas de gobierno (la reforma de la ley 11/2017 de buen gobierno es demasiado compleja, lo que la hace prácticamente inaplicable).

Más dinero no resolverá nada si no hay reformas

8. Avanzando en la historia digital única, interoperable entre distintos sistemas regionales de salud y con los distintos operadores privados, como señala el grupo multidisciplinar de expertos coordinado por la Fundación IMAS.

9. Avanzando en transparencia, mejorando y modernizando el actual Observatorio de Resultados del Servicio Madrileño de Salud.

10. Diseñando un plan efectivo para las listas de espera que permita utilizar todos los recursos.

11. Y, por último, y tal vez no necesariamente, mejorando la financiación para situarnos al menos en el punto medio de España en gasto per cápita en sanidad, lo que permitiría abandonar las últimas posiciones del ranking (aunque, como se ha dicho, más dinero no resolverá nada si no hay reformas).

Ahora bien, ¿sólo hay que reforzar el sistema público? ¿Es incompatible el refuerzo del sector público con la implicación y el refuerzo, también, del sector privado? ¿Debe el sector público reforzarse como si el sector privado no existiera? ¿Es bueno seguir viviendo de espaldas a él, como si no hubiera un 40% de madrileños que priorizan este tipo de servicio a pesar de que no les sobra el dinero ni son ricos?

Más bien lo contrario. Es deseable e imprescindible para el refuerzo del sector público que se refuerce también el sector sanitario privado.

¿Cómo puede contribuir el sector privado al refuerzo y al mejor funcionamiento del sector público? De dos formas.

Para avanzar en estas reformas hay que reforzar la participación, colocando en primera fila a los pacientes y a los profesionales

En primer lugar, con unas políticas hacia el sector asegurador sanitario que estimulen fiscalmente la compra de pólizas privadas.

Con ello estamos impulsando la llegada (de forma voluntaria) de más fondos al sistema sanitario y, por la vía de su menor utilización, a la desmasificación del sistema público, que puede así aumentar su calidad.

Contra lo que se ha dicho, esto no es un modelo de suma 0 en el que a más dinero para el sector privado, menos para el público. Al contrario. Al favorecer la compra de pólizas privadas, hay más dinero para la sanidad en su conjunto, ya que el coste de la posible desgravación será menor que la cantidad aportada voluntariamente.

En segundo lugar, haciendo que los provisores contribuyan a abordar el problema de las listas de espera de la única manera que se ha resuelto este en países con sistemas públicos de acceso universal: reconociendo el derecho de opción de los ciudadanos ante determinados tiempos de espera. Y, por supuesto, garantizando una continuidad asistencial y clínica entre ambos sistemas.

Para avanzar en estas reformas hay que reforzar la participación, colocando en primera fila a los pacientes y a los profesionales. No se está diciendo que los sindicatos no deban tener ningún papel. Pero hay que corregir la sobrerrepresentación de los mismos, que opera en contra de los profesionales y de los pacientes, los auténticos protagonistas del sector.

¿Qué dos años es poco? Por supuesto. Pero es una eternidad para plantear e iniciar ciertas reformas. En menos tiempo se hicieron los Pactos de la Moncloa.

*** Ignacio Riesgo es médico, director de VPR Consultores y sénior advisor de Roland Berger.

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