La UE ha aumentado de forma evidente durante las últimas 24 horas la presión sobre el Gobierno español para que este llegue de una vez a un acuerdo con el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y para la vuelta al sistema previsto en el artículo 122 de la Constitución y que el PSOE laminó en 1985. 

Es decir, al sistema que determina que 12 de los vocales del CGPJ sean escogidos directamente por los jueces y los ocho restantes, "a propuesta" del Congreso y del Senado.

Un sistema que Fernando Ledesma, como ministro de Justicia, y Alfonso Guerra, como vicepresidente, bloquearon con la promulgación de una Ley Orgánica del Poder Judicial que ha permanecido incólume hasta 2021. 

El primer síntoma de esta renovada presión llegó este lunes, cuando la vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Justicia, Vera Jourova, conminó al ministro de Justicia español, Juan Carlos Campo, a renovar "urgentemente" el CGPJ.

A la exigencia de Vera Jourova se sumó ayer martes la Comisión Europea al exigir a Pedro Sánchez una reforma estructural para que el Poder Judicial sea escogido de acuerdo con el sistema previsto en la Constitución.

Es decir, a un sistema en el que el órgano de Gobierno del Poder Judicial sea escogido por los jueces. Algo que EL ESPAÑOL lleva reclamando desde su fundación

La aceptación por parte de la UE de la reforma legal que limita las atribuciones del CGPJ mientras está en funciones no ha significado, en fin, que Bruselas haya olvidado esa anomalía que emponzoña la separación de poderes en España y que permite que el máximo órgano de Gobierno de los jueces sea escogido por PP y PSOE

Fondos europeos condicionados

La coincidencia de ambas noticias no es casual. Aunque la renovación del CGPJ no está relacionada en principio con la llegada de los fondos europeos, es obvio que Bruselas ha utilizado ambas reivindicaciones para presionar a un Gobierno español del que se esperan reformas estructurales importantes en terrenos muy sensibles para su electorado: pensiones, reforma laboral y, ahora, separación de poderes

La UE, en fin, no se ha dado por satisfecha con el anuncio del Gobierno español de que retirará de forma definitiva la propuesta de cambio del sistema de elección del CGPJ que rebaja de tres quintos a mayoría absoluta el umbral para elegir a los 12 vocales procedentes de la carrera judicial.

Algo que le permitiría al PSOE repartirse el control del Poder Judicial con Podemos, ERC, EH Bildu y otros partidos minoritarios, convirtiendo en innecesario el acuerdo con el PP. 

La UE ha reiterado en varias ocasiones que el CGPJ "no debe ser percibido como vulnerable a la politización". Un asunto que ha provocado, durante 35 años, tensiones evidentes entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. También entre los distintos gobiernos españoles, tanto del PSOE como del PP, con Bruselas

Reivindicación de Casado

Las presiones de la UE suponen, en la práctica, un golpe para el PSOE, cuyos recelos hacia el CGPJ se basan en una visión fuertemente ideologizada de los jueces como casta afín, por razones socioeconómicas, a los intereses de la derecha. Supone también un espaldarazo a las tesis del PP de Pablo Casado

Pablo Casado ha aceptado ya que la renovación del CGPJ se realice ahora con el método antiguo. Es decir, con el defendido por el PSOE. Pero a cambio de que el sistema cambie, en el sentido exigido por la Constitución, de cara a la próxima renovación. Renovación que debería producirse dentro de cinco años. 

De hecho, la retirada de la reforma que pretendía rebajar la mayoría necesaria para la renovación del CGPJ era una de las tres condiciones que el PP exigía para acceder a negociar esta con el PSOE.

Las otras dos son la de dejar a Podemos fuera del pacto y la de volver al sistema antiguo. Es decir, al de la elección de los jueces por parte de los jueces

La primera de esas dos condiciones parece haber sido aceptada a regañadientes por Podemos, que se ha resignado ya a la idea de que sus dos candidatos, José Ricardo de Prada y Victoria Rossell, no formen parte del CGPJ. 

Pero la condición draconiana, desde el punto de vista del PSOE, es la tercera. Aunque ahora que esta es también exigida por Bruselas, la presión puede hacer que los socialistas acepten por fin, tras 35 años de resistencia, despolitizar el Poder Judicial

Es hora de que el PSOE se comprometa con el PP y con Bruselas a acabar con una de las más longevas anomalías que afectan a la ya no tan joven democracia española. Es hora de cumplir la Constitución y consolidar una verdadera separación de poderes