La mejor ley de la Corona es la que no existe

“Después de una hipotética (y deseable) reforma constitucional que hiciese desaparecer en España la inviolabilidad del Rey en el supuesto de evidentes o flagrantes conductas delictivas ajenas al ejercicio de su función y, por tanto, que no hayan sido objeto de refrendo, la forma política del Estado español seguiría siendo una monarquía parlamentaria, pero con fragmentos republicanos”.

Esta idea de López Garrido merece, al menos, dos objeciones. La primera y principal es considerar que un Rey sometido a un proceso judicial, civil o penal, no tendría consecuencias en la “forma política” y que la monarquía parlamentaria continuaría “fortalecida”.

Muy al contrario, con seguridad, la apertura de un proceso judicial contra el Rey, aprobado, inventado o requerido por una mayoría (circunstancial) del Congreso supondría dinamitar la institución.

En el caso de algún acto de conducta inapropiada, como reconoció don Juan Carlos I, el precio de la abdicación es el sacrificio que salvaguarda la piedra angular de la Constitución de 1978: la Corona.

De ahí la fortaleza histórica de la institución, de la dinastía histórica, capaz de sobrevivir a los avatares del pasado siglo XX y encarar el futuro en defensa de los derechos y libertades de todos los españoles. De ahí la iracunda ofensiva contra el Rey de los separatistas y de la extrema izquierda.

Basta leer cualquier constitución extranjera para ver que, como sostiene la profesora Araceli Mangas: “La inviolabilidad e inmunidades personales de un jefe de Estado, monárquico o republicano, son absolutas y extensas en derecho internacional hasta el punto de no permitirse distinción entre las actividades privadas (iure gestionis) y las públicas (iure imperii) del jefe de Estado”.

La segunda objeción es atribuir al republicanismo una funcionalidad política que conviene incorporar a la monarquía. No se sabe muy bien en qué consiste la superioridad política de la república (de la que hay que recoger “fragmentos”) sobre la actual monarquía parlamentaria.

Si nos atenemos a la neutralidad política de la presidencia republicana, es evidente que la actual monarquía parlamentaria es mucho más neutral que la presidencia de la II República.

La influencia política del presidente de la República española, don Niceto Alcalá Zamora, llegaba hasta el extremo de poder disolver el Congreso (artículo 81 de la Constitución republicana de 1931) y convocar nuevas elecciones generales en dos ocasiones (un poder que no tiene el actual Rey de España).

Además, el presidente de la República tenía una extraordinaria capacidad de intervención política como, por ejemplo, impedir que el partido que había ganado las elecciones en 1933 (la CEDA) accediera a la presidencia del Gobierno.

Son numerosos los artículos de profesores de Derecho Constitucional que “por el bien de la preservación de la institución” aconsejan una ley de la Corona o una reforma constitucional con el objetivo de limitar o eliminar la inviolabilidad del S. M. el Rey, reducir la opacidad de la Casa Real o impedir discursos como el pronunciado por Felipe VI el 3 de octubre de 2017 que tanto molestó a los separatistas y a la extrema izquierda como tranquilizó al resto de los españoles.

La Corona está regulada en la Constitución y, al parecer, hay una coincidencia básica entre los dos grandes partidos españoles en no proceder a la tramitación de una ley de la Corona. De hecho, la Constitución, en el Título II de la Corona, sólo prevé una ley orgánica (art. 57.5) para el supuesto de abdicación o renuncia en la sucesión del monarca. Celebro y comparto el acuerdo del PSOE y del PP ya que indica que la mejor ley de la Corona es la que no existe.

En cuanto al coste y transparencia, baste decir que el presupuesto de la Casa Real es inferior a la de cualquier televisión autonómica (que sólo sirve de propaganda para el partido que gobierna la región) y que la página web de la Casa Real es mucho más transparente que los datos que no nos muestran los responsables políticos sobre la costosa financiación pública (no digamos la opaca) de partidos, sindicatos, patronal y muchas ONG.

Estimado López Garrido, lo que es recomendable sería lo contrario: que “fragmentos” de los valores tradicionales de la monarquía, encarnados en don Felipe VI (estabilidad, patriotismo, continuidad histórica, moderación, inclusión, austeridad, servicio a España y a los españoles, respeto, lealtad…) se incorporaran a la acción política de los responsables del deterioro democrático, polarización, exclusión e inestabilidad que padecemos en España desde hace décadas.