Con la aprobación en el Congreso de una proposición de ley del PNV para reformar la ley de Secretos Oficiales de 1968 se supera una anomalía democrática dilatada demasiado tiempo. Gracias a la propuesta de los nacionalistas vascos, las materias secretas se desclasificarán en un plazo de 25 años y las reservadas en un plazo de 10 años. Además, la Junta de Jefes de Estado Mayor dejará de tener capacidad para clasificar documentos, potestad que será exclusiva del Consejo de Ministros.

Estas modificaciones garantizarán una mayor transparencia y normalizarán la regulación de los secretos oficiales, pues salvo un retoque de la ley de 1978 no se había producido ningún intento de corregir la ley franquista. Asimismo, la iniciativa obligará a sacar a la luz pública muchos documentos clasificados sobre la Transición, al 23-F o los GAL, por lo que se puede afirmar que el Congreso ha dado un gran paso para facilitar el conocimiento de la historia contemporánea de España.

La desclasificación automática de los secretos oficiales nos pone a la altura de nuestros socios, pues en todos los países de nuestro entorno existen leyes similares. Con todo, la proposición del PNV supone una enmienda al Gobierno, que debió asumir la reforma de la ley en lugar de asumirla a regañadientes.