La decisión del Supremo de abrir una investigación a Rita Barberá por supuesto blanqueo de dinero en el grupo municipal que ella dirigía, la deja en una situación insostenible. La senadora del PP pasa a ser equiparada con los ex concejales de Valencia que están imputados por blanquear 200.000 euros mediante donaciones que posteriormente les eran devueltas en billetes de 500.

Si hasta ahora Barberá podía esgrimir para enrocarse que no estaba formalmente imputada, el auto del Supremo la aboca a asumir su responsabilidad. El Tribunal es claro: dado que ella participó en las donaciones "resultaría incoherente la llamada al resto de los aportantes en estas actuaciones como investigados y no llevar a cabo la presente exposición respecto de la senadora aforada". Además, el auto recuerda que la ex alcaldesa ostentaba "una posición de superioridad jerárquica" sobre el resto que hace necesario escuchar sus explicaciones como investigada.

A la evidente responsabilidad política que ya empujaba a Barberá a dejar el Senado, ahora se une el hecho de que ha pasado a convertirse en un lastre muy pesado para su partido en un momento en el que el futuro de Rajoy depende de los acuerdos que pueda alcanzar con otras formaciones. Ciudadanos ya ha avisado de que no cuenten con ellos mientras Barberá siga en su escaño. Todo indica que tiene las horas contadas.

El polémico festejo del Toro de la Vega, ahora conocido como Toro de la Peña, ha cerrado este año su primera edición sin sangre. La celebración, que data del siglo XVI, es tristemente conocida debido al brutal tratamiento que hasta ahora sufría el animal. La decisión del Gobierno de Castilla y León de prohibir la muerte del toro a lanzadas era un paso necesario, por tratarse de una tortura inadmisible en pleno siglo XXI. Desde este año, sólo se permite recortar al toro durante su encierro.

El cambio no ha estado exento de controversia, ya que muchos vecinos insisten en mantener "la tradición" y han pedido alancear al toro. Y han vuelto a registrarse enfrentamientos con los periodistas y con los defensores de los animales que han acudido a Tordesillas para comprobar que la ley se cumplía.

Tras esta primera celebración sin actos cruentos solo cabe esperar que las aguas vuelvan a su cauce en el municipio, que la brutalidad con los animales reciba una condena unánime de la sociedad y que hechos así dejen de ser objeto de controversia.