La designación de Gonzalo Urquijo, hombre fuerte de ArcelorMittal en España, como asesor del proceso de reestructuración de la deuda y recapitalización de Abengoa puede servir de garantía para impulsar de una vez el rescate del grupo de ingeniería y energías renovables radicado en Sevilla.

Después de un año en crisis, la elección de un industrial de prestigio y ajeno a la influencia directa de la familia Benjumea se había convertido casi en una condición para intentar salvar la multinacional. Volver a poner al frente del proceso de saneamiento a un directivo próximo al clan sólo hubiera servido para generar más dudas entre los acreedores y en el Consejo de Administración de la sociedad. En este sentido, la llegada de Urquijo da carpetazo definitivo a la era Benjumea, que ha pasado de fundar la compañía a poseer tan sólo el 5% de las acciones.

Una política errática de ingentes inversiones en energías termosolares, cuando el sector se beneficiaba de importantes primas, está en el origen de una crisis que incluye acusaciones de maquillaje contable, recortes de empleo masivos e indemnizaciones millonarias injustificadas.

A dos meses de que venza el plazo para la ejecución del preconcurso de acreedores, el principio de acuerdo para evitar el consurso no podía ser fácil. Acreedores e inversores han llegado a un preacuerdo para evitar la quiebra, basado en una quita del 97% de la deuda de 10.000 millones y una inyección adicional de 655 millones de euros en tres tramos.

El acuerdo depende aún de que el 75% de los acreederres y la Junta de Accionistas de la sociedad fundada por la familia Benjumea den su beneplácito. En principio, la Bolsa ha respondido al plan de rescate con un revalorización significativa de las acciones del grupo.

La caída de Abengoa dejaría en la picota a 17.000 empleos -el 30% de ellos en España-, supondría un duro golpe para las cuentas de Banco Popular, Santander, Crédit Agrícole y Caixabank -entre otros- y sería un auténtico mazazo de consecuencias dramáticas para la industria.

De acuerdo con los datos recabados por EL ESPAÑOL, estudiar en una universidad de Cataluña resulta tres veces más caro que hacerlo en una de Galicia. En concreto, un crédito cuesta 33,52€ en un centro público universitario catalán, mientras que en un gallego el precio es de 11,89€.

Es lógico que entre los ciudadanos de distintas comunidades existan diferentes niveles de renta o que los precios de los mismos productos y servicios varíen de una región a otra. Sin embargo, llama la atención que se den diferencias tan elevadas en el acceso a un servicio público dentro de un mismo país y que las instituciones permanezcan de brazos cruzados.

Que la mayoría de los rankings universitarios estén encabezados por universidades como la Pompeu Fabra, la Atónoma de Barcelona o la UB merece todo el reconocimiento. No obstante, los precios prohibitivos de los créditos en grados y máster, sumado a la imposición del catalán como idioma de estudio, van camino de convertir a las universidades catalanas en cotos de difícil acceso para todos los castellanoparlantes así y las familias con rentas más bajas. La conseller de Educación de la Generalitat, Meritxell Ruiz, tiene mucho que decir al respecto, dado que las tasas universitarias son competencia de las comunidades autónomas.

El Ministerio de Educación debería corregir la situación imponiendo una horquilla de máximos y mínimos más ajustada para que la diferencia de precios entre universidades no sean tan desmesurados.