La declaración de inconstitucionalidad del 'tasazo judicial' a las pequeñas y medianas empresas da carpetazo a la reforma judicial de Alberto Ruiz-Gallardón. En 2012, el exministro consiguió ponerse en contra a todas las instituciones y asociaciones profesionales, sindicales y de usuarios del mundo de la judicatura tras aprobar en solitario un sistema de tasas para quienes pleiteasen con la Administración. La excusa: acabar con la perpetuación de las causas, aliviar el colapso de los juzgados y fomentar la financiación mixta de la justicia.

Tres años más tarde, su sucesor en el cargo, Rafael Catalá, intentó frenar la ola de protestas con una rectificación insuficiente, que exoneraba a las personas físicas del 'tasazo' pero mantenía el pago de cuotas de entre 200 y 1.200 euros a las personas jurídicas que recurriesen en apelación y casación en los órdenes civil y social.

El Constitucional ha tumbado definitivamente un sistema de tarifas que, además de socavar el derecho básico a la tutela judicial efectiva de pequeñas y medianas empresas, fue pergeñado de forma arbitraria, sin un estudio económico previo y sin seguir criterio alguno que clarificase a qué responde la imposición de las cuotas fijas y variables establecidas.

El Alto Tribunal acaba con una injusticia, pero el fallo deja una sensación agridulce porque no contempla la devolución de las tasas ya abonadas al entender que "no resulta necesaria para reparar el derecho fundamental concernido" (la tutela judicial efectiva). Parece que el tribunal no ha sido ajeno al grave perjuicio que para la Hacienda Pública hubiera supuesto tener que reparar la torpe reforma judicial de Gallardón.

Pablo Iglesias ha calificado de "ejemplo moral" a su secretario de Organización, Pablo Echenique, tras descubrirse que pagó en negro durante 14 meses a un asistente personal. El diputado aragonés ha reconocido su error, pero se ha escudado en que su cuidador no tenía dinero para pagar su cuota de autónomo, pese a que pudo haberlo contratado como empleado del hogar. Echenique ha apelado a la precariedad de las "clases humildes" y a las limitaciones de la Ley de Dependencia para no asumir ninguna responsabilidad política. Las excusas de Echenique resultan tan surrealistas como disparatados son los referentes morales de su jefe de filas.

No es la primera vez que el secretario general de Podemos califica de "ejemplares" comportamientos de sus compañeros de filas que sólo pueden ser considerados como vergonzosos. Se pudo comprobar cuando defendió a Juan Carlos Monedero por tributar mediante una sociedad personal, en lugar de por el IRPF, trabajos de asesoría de 425.000 euros a gobiernos bolivarianos realizados de espaldas a la Universidad Complutense. Es más, este mismo jueves ha vuelto a cerrar filas con el profesor de Políticas tras conocerse que ha sido suspendido de empleo y sueldo durante seis meses por un vulnerar el régimen de incompatibilidades de la institución.

Iglesias también defendió a capa y espada a Iñigo Errejón, inhabilitado por la Universidad de Málaga desde marzo de 2015 tras beneficiarse de una beca de 1800 euros sin haber acudido un solo día a su puesto de trabajo. Los espaldarazos a Guillermo Zapata, pese a su zafios chistes sobre el Holocausto, y a Rita Maestre, tras su procesamiento por el asalto de la capilla de la Complutense, son otros ejemplos morales para el jefe de Podemos. De este curioso florilegio forman también parte destacada el encarcelado Andrés Bódalo y el 'insumiso judicial' Diego Cañamero.

La ausencia de autocrítica en Podemos es flagrante. El partido que dice abanderar la "nueva política" incurre en los peores vicios corporativistas de la 'casta' a la que con tanta dureza critica.