El PSC confía tan poco en que una reforma constitucional dé solución a los problemas territoriales que ya ha preparado cuál debe ser la respuesta a ese fracaso antes incluso de que se juegue ese partido. La organización que dirige Miquel Iceta ya avisa de que propondrá la celebración de un "referéndum a la canadiense", con una ley de claridad que determine bajo qué condiciones Cataluña se podría separar del resto de España.

La digestión de la derrota se le ha atragantado al PSC. Si no, no se entiende que después de haber sido el único partido catalán en perder un escaño en relación al 20-D despache una propuesta tan extemporánea. Más aún cuando el diputado que han perdido los socialistas ha ido a parar a un partido con una nítida idea de España como es el PP.

Al convertir el referéndum a la canadiense y la ley de claridad en las propuestas estrella de su próxima ponencia política, el PSC le hace el trabajo a los separatistas, pues plantea fórmulas legales para legitimar la ruptura de España en lugar de medidas para evitarla.

Allá los socialistas catalanes si quieren seguir bailando la yenka con el denominado derecho a la autodeterminación. En 2012 defendieron la celebración de una consulta, en el programa de 2015 la olvidaron, así que ahora no tiene por qué extrañar que planteen un "reconocimiento claro y limpio de la nación catalana por parte de la sociedad española" o que reclamen una "relación bilateral". 

Al abrir este debate desde una posición marcadamente nacionalista, el PSC da oxígeno a Podemos y enmienda a la dirección federal, que convirtió los referendos de autodeterminación en una línea roja ante cualquier negociación entre partidos. Está claro que, además del desafecto de los electores, el PSOE tiene un problema importante vinculado a la compatibilidad del PSC en su proyecto.

Con el registro de las dos sedes de Google en España, la Agencia Tributaria intenta desentrañar la ingeniería fiscal fraudulenta de la que se vale el gigante tecnológico para reducir artificialmente las cifras de su negocio y rebajar así su factura fiscal. 

No es la primera vez que Hacienda investiga a la filial española de Google, que dirige Javier Zapatero. Ya en 2011 esta empresa fue objeto de una inspección porque, pese a acaparar el negocio publicitario, apenas pagó impuesto de sociedades y declaró pérdidas.

El sistema para eludir fiscalidades altas aprovechando las distintas normativas de la UE es una práctica habitual entre las multinacionales tecnológicas, que radican sus empresas en Irlanda, Holanda o Luxemburgo para pagar menos. De hecho, hace un mes la sede parisina de Google también fue intervenida en el marco de una investigación por el presunto desvío de beneficios a paraísos fiscales.

Google mantiene su base corporativa y financiera en Dublín, lo que le permite derivar contablemente allí buena parte de los beneficios obtenidos por la actividad generada en nuestro país. La dirección de la firma subraya su plena disposición a colaborar con Hacienda e insiste en que todo es legal. Lo cierto es que no puede atribuirse ningún mérito, aunque la investigación en curso no haya sido judicializada.

La trazabilidad del beneficio obtenido por la labor publicitaria de Google en España es fácil de seguir, de tal forma que la identificación del volumen de negocio logrado no puede resultar complicado. Lo difícil es impedir que las multinacionales hagan ingeniería tributaria, un reto que ya ocupa a la UE. Puede que Google no esté haciendo nada estrictamente prohibido, pero no deja de ser un fraude que los beneficios obtenidos en un país acaben tributando en otro.