A tan sólo dos días de la jornada electoral, los candidatos de los distintos partidos enseñan sus cartas ante la previsión -confirmada en los pronósticos del chiringuito andorrano- de que ningún partido obtendrá ni remotamente una mayoría suficiente para gobernar. 

Después de que Rajoy haya amenazado de forma velada con una tercera convocatoria, al decir que hará lo mismo que tras el 20-D, y de que Pedro Sánchez haya dicho que no permitirá gobernar a los populistas, los candidatos de los dos partidos emergentes han tomado posiciones.

En una entrevista con EL ESPAÑOL, Albert Rivera ha subrayado que la solución al bloqueo político pasa por una gran coalición "entre PP, PSOE y Ciudadanos con un presidente acordado". Se trata efectivamente del único modo de desatascar la situación, pues ni Ciudadanos ni el PSOE están dispuestos a que un candidato como Mariano Rajoy presida una legislatura pretendidamente regeneradora y reformista: sería una broma pesada. Pedro Sánchez ha dicho también que no llegará a acuerdos con el PP, pero la mayoría de los barones reconsideraría la estrategia de pactos del PSOE si el actual presidente en funciones diera un paso atrás para no ser un obstáculo a la gobernabilidad.

Consciente de este escenario, Podemos ha decidido mostrar su verdadero rostro al PSOE tras una campaña en la que Pablo Iglesias no se ha cansado de tender la mano a Pedro Sánchez e invocar los partidos progresistas. Podemos amenaza bajo cuerda a los socialistas con retirarles su apoyo y dejar en el aire los gobiernos de Baleares, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura y quizá Valencia si tras el 26-J no llegan a un pacto.

Con esta advertencia, Pablo Iglesias lanza un órdago a los barones para que presionen a Pedro Sánchez a favor de Podemos, ya que a Sánchez, descartado un "gobierno a la valenciana" la gran coalición le permitiría cierto margen de cara al próximo congreso del PSOE.

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y el máximo dirigente de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri alias Timochenko, han dado el primer gran paso para poner punto y final al conflicto armado más antiguo de América Latina. La firma este jueves en La Habana de un "acuerdo de cese el fuego bilateral y definitivo" sienta las guías para la pacificación de Colombia después de 52 años de violencia, 200.000 muertos y siete millones de desplazados.

Estamos ante un acuerdo histórico por la dimensión del conflicto y porque puede servir de precedente para que el ELN deje también las armas: de hecho, el Gobierno colombiano ha anunciado ya el inicio de negociaciones con este otro grupo guerrillero.

Sin embargo, existen importantes incógnitas sobre el proceso de paz con las FARC, que se despejarán en las próximas semanas. Por otro lado, hay que tener en cuenta que el acuerdo no será definitivo hasta que no sea ratificado por el pueblo colombiano en un plebiscito cuyos términos se desconocen aún.

Por primera vez en su larga historia criminal, la narcoguerrilla acepta que el Estado tenga el monopolio de las armas y reconoce su autoridad y su capacidad para recaudar impuestos y gestionar la hacienda pública. Asimismo, sus miembros aceptan concentrarse en 23 zonas determinadas y reconvertirse en un partido político.

Los principales escollos para afianzar el camino de Colombia hacia la paz son el modo en que se concretará la denominada "justicia transicional" para guerrilleros con delitos pendientes y su reconversión democrática. La ONU supervisará un proceso avalado por Venezuela, Cuba, Chile, Noruega, EEUU y la UE que se produce tras cuatro largos años de negociación y después de que los jefes de las FARC hayan demostrado que controlan a sus efectivos tras un año de alto el fuego unilateral. Hay motivos para el optimismo.