Antiblanqueo ha resucitado los peores indicios sobre la financiación exterior del partido que lidera Pablo Iglesias con un informe ante el que la Fiscalía no puede permanecer impasible. El máximo órgano de lucha contra el blanqueo de capitales y el fraude fiscal organizado sostiene que Irán se valió del grupo farmacéutico Ortomax, radicado en el paraíso fiscal de Belice, para realizar pagos desde cuentas en Letonia y Lituania a la productora televisiva Global Media, "que financió al partido Podemos", según puede leerse expresamente en la documentación oficial a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

El recurso a sociedades farmacéuticas habría permitido al régimen de los ayatolás saltarse el embargo de la comunidad internacional. Los ingresos a la televisión de la que viene cobrando desde hace años el secretario general de Podemos se realizaron en 2012, dos años antes de la inscripción de esta formación en el registro de partidos. El lapso de tiempo transcurrido puede servir de burladero jurídico a Podemos para no rendir cuentas sobre el origen de su financiación, pero que no debería eximir a sus fundadores de dar cumplidas explicaciones. Tampoco al Ministerio Público de abrir una investigación rigurosa que sirva para zanjar de una vez la cuestión.

No es la primera vez que las sospechas sobre las turbias vías de financiación de Podemos salen a la luz. La Policía puso sobre aviso de las pistas venezolana e iraní, y los Papeles de Panamá volvieron a poner el foco en los fondos bolivarianos que sufragaron una fundación próxima a Podemos. El Tribunal Supremo desestimó el asunto al considerar que no estaba lo suficientemente fundamentado, pero este nuevo informe oficial de Antiblanqueo obliga a retomar las pesquisas antes de darle carpertazo.

No es de recibo que el partido que se presenta como abanderado de la regeneración democrática en España haya podido ser impulsado en algún momento por regímenes dictatoriales o teocráticos que no respetan los derechos humanos. Podemos no puede reclamar transparencia si sus cuentas y las que permitieron su génesis no son también de cristal. Y la Fiscalía no puede mirar para otro lado cuando es Antiblanqueo el que sostiene que el dinero iraní está detrás de Podemos.

El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha tumbado el canon digital del Gobierno Rajoy por ser incompatible con la directiva comunitaria. El fallo, esperado desde hace dos años por el Tribunal Supremo, echa por tierra la modificación de la ley Sinde, que impulsó en solitario el secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle.

La Justicia de la UE considera ilegal cargar a los Presupuestos Generales del Estado la compensación por copia privada que merecen los autores, como viene haciendo el Gobierno desde 2012, en lugar de que sean sólo las personas físicas que reproduzcan obras quienes indemnicen a los creadores. La reparación a los autores por copia privada es justa, pero que la sufraguen todos los contribuyentes supone un gravamen indiscriminado e injustificable.

El fallo, precedido por un informe desfavorable del abogado general de la UE, servirá de base al Alto Tribunal español para dar la puntilla a un sistema arbitrario que ha detraído en más de cien millones de euros al año la recaudación de las sociedades gestoras de los derechos de autor. De hecho, los autores sostienen que la sentencia abre la puerta a reclamar al Estado un daño patrimonial de 400 millones.

El canon digital del PSOE era injusto porque cargaba sobre CD y DVD la compensación a los creadores, lo que presuponía una intención delictiva a todos los usuarios de estos dispositivos, reprodujeran o no música, vídeos o textos de terceros. Lasalle empeoró la situación al sacarse de la manga una compensación anual presupuestaria de cinco millones de euros, una cantidad ridícula comparada con la recaudación habitual de las sociedades.

El Gobierno debería consensuar un sistema por el que el sector de fabricantes de sistemas reproductores asuma la compensación por copia privada. Ni tratar de piratas a todos los compradores de CD y DVD ni cargar un pago arbitrario a todos los contribuyentes son la solución. Esta sentencia del TJUE constituye el último varapalo a una gestión cultural jalonada de pifias e incumplimientos.