Opinión El merodeador

Merodeos

20 abril, 2016 02:00

España suspende, nos sancionan y el Gobierno está encantado

La calamitosa situación de las cuentas públicas que obliga a renegociar de nuevo los objetivos de déficit con Bruselas no parece inquietar al ministro de Economía, que este martes ha presumido de gestión en el Congreso. La realidad es que el objetivo de déficit pactado con Bruselas para este año era del 2,8% y el Gobierno ha admitido que éste se desviará hasta el 3,6%. Es más, ni siquiera en 2017 prevé que se llegue a la meta fijada  para 2016, pues estima que el ejercicio se cerrará con el 2,9%.

El incumplimiento de estos compromisos sería muy grave en cualquier caso, pero resulta más lacerante cuando quienes lo protagonizan son aquellos que se han presentado como adalides del rigor y la buena gestión. Por lo pronto, la UE ya se plantea imponer a España una multa de unos 2.000 millones de euros (el 0,2 del PIB), pero la sanción podría llegar incluso a los 5.000 millones. Un varapalo en cualquier caso y un nuevo ridículo.

Fuimos los primeros en ser sancionados por manipular el déficit -en el caso de las cuentas de la Comunidad Valenciana- y podemos ser también los primeros en pagar por incumplirlo.

Pero ¿qué pensarán en Bruselas al saber que el mismo Gobierno que le pide  manga ancha va a acabar de devolver a los funcionarios la paga extra que suprimió en 2012? Lejos de agachar la cabeza, Luis de Guindos ha dicho que la posible sanción que la UE pueda imponer a España le importa "muy poco". No cabe mayor descaro e irresponsabilidad.

Un gobierno derrotado en el Parlamento por incomparecencia

La ausencia del Gobierno en la sesión de control del Congreso de este miércoles es, se mire como se mire, un hecho nada democrático. Rajoy y el PP siguen en sus trece, en el sentido de que un gobierno en funciones no tiene que dar cuenta de su labor ante una cámara distinta de aquella de la que surgió, algo en lo que discrepan el resto de grupos parlamentarios.

Como polémica jurídica puede tener su interés, y el Tribunal Constitucional dará su dictamen llegado el momento. Pero desde el punto de vista de la calidad democrática de un país, el asunto está claro: aunque sólo fuera por un simple ejercicio de transparencia, los miembros del Gobierno deberían ser los primeros interesados en justificar su trabajo.

¿Por qué el presidente y los ministros se niegan a dar explicaciones en el Parlamento? Todo indica que por interés partidista, porque estamos, casi seguro, en vísperas de una nueva campaña electoral, y no están dispuestos a que la oposición les siga incomodando con asuntos incómodos, como el de la corrupción.

Es cierto que algunas de las preguntas que había preparado la oposición tenían que ver con los papeles de Panamá, pero también se habían presentado otras relativas al empleo y el déficit. Desde luego, parece absurdo que el mismo Gobierno en funciones que tiene capacidad para asumir compromisos ante la UE como el del Programa de Estabilidad se escabulla del control parlamentario. Al hacerlo, pierde por incomparecencia.

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