El inicio del proceso de impeachment a Dilma Rouseff por presunta irresponsabilidad fiscal, que fue aprobado este domingo por la Cámara de los Diputados, coloca a la presidenta de Brasil a un paso de tener que abandonar el poder por la puerta de atrás. El juicio de destitución avanza ahora hacia el Senado, donde será votado a principios de mayo y en el que bastaría una mayoría simple, que cada vez parece más probable, para que Rouseff sea apartada del cargo por un máximo de 180 días mientras se la juzga en ambas Cámaras.

El impeachment de la líder del Partido de los Trabajadores es el último episodio de una crisis política e institucional que ha sacudido los cimientos del mismísimo Gobierno y cuya gestación comenzó hace al menos dos años. Tras la derrota del Partido de la Social Democracia Brasileña en 2014, la formación intentó invalidar el resultado de los comicios alegando que la presidenta había financiado su primera campaña en 2010 con desvíos de la petrolera estatal Petrobras. A pesar de que esta acusación no llegó a materializarse, el fantasma de Petrobras ha seguido persiguiendo a la dirigente brasileña desde entonces. En marzo se anunció que el expresidente Lula da Silva estaba siendo investigado por su presunta implicación en esta trama de corrupción y blanqueo, en la que también se han visto implicados varios miembros del Partido de los Trabajadores. El intento de Rouseff de "blindar" a su mentor con el cargo más importante de su Gobierno sólo ha empeorado su imagen a los ojos de los brasileños. Para colmo, la sucesora de Lula tampoco está libre de sospecha en este escándalo, ya que fue presidenta del consejo directivo de Petrobras entre 2003 y 2010.

Es evidente que existen razones más que suficientes para que Rouseff abandone su cargo. Sin embargo, los problemas de la clase política brasileña no acaban ahí. Se estima que un tercio de los diputados de la cámara baja tienen casos pendientes en los tribunales. Por si fuera poco, su presidente, Eduardo Cunha, e impulsor del impeachment de Rouseff, está acusado por la Fiscalía de regentar millonarias cuentas en Suiza alimentadas por sobornos de Petrobras. Ante la corrupción endémica de su clase política, que se suma a la peor crisis ecónomica de este país en décadas, Brasil ha despertado bruscamente del sueño del milagro económico que simbolizó Lula da Silva para darse de bruces contra la cruda realidad.

Aun no siendo -ni mucho menos- un ejemplo de democracia, el resultado de la consulta vinculante planteada a las bases de Podemos legitima la obstrucción de Pablo Iglesias a un Gobierno de cambio formado por PSOE y Ciudadanos: el 88% de la militancia ha votado en contra de esta fórmula, mientras que el 91% se ha manifestado a favor de una gran coalición entre todos los partidos de izquierdas y las formaciones independentistas. Todos los partidos dan por seguro que habrá que repetir elecciones y el debate se focaliza ahora en la atribución de culpabilidades. Podemos recrimina al PSOE que se sentara a negociar con una formación "de derechas como Ciudadanos" antes que con ellos, asegura que sus programas son parecidos y compatibles, y le pide que consulte a sus bases si querrían o no un "gobierno a la valenciana". El PSOE -por contra- reprocha a Pablo Iglesias sus duras descalificaciones a Felipe González, le afea su disposición a hacer concesiones a la derecha nacionalista, y le recuerda que los socialistas no están dispuestos a reconocer el derecho de autodeterminación como quiere Podemos. Rajoy, por su parte, prevé llamar en el último momento a Sánchez para que sea él quien le diga que no y convertirle en pagano del fracaso. El rey tiene motivos sobrados para resignarse a que su tercera ronda de contactos tampoco servirá de nada.

La juez de vigilancia penitenciaria ha concedido el tercer grado a Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón y del PP de esta provincia y condenado a cuatro años de cárcel por cuatro delitos fiscales. Esta decisión es como poco polémica. Para empezar, Fabra, que ha cumplido sólo la mitad de su condena, no es un mero delincuente, sino que está cumpliendo pena por haber utilizado su posición como expresidente de la Diputación de Castellón para defraudar a la Hacienda Pública. La corrupción política es hoy en día un tipo de delito que genera, con razón, gran alarma social, por lo que es comprensible que su próxima puesta en libertad cause malestar y frustración. Que la concesión del tercer grado haya sido tomada en contra del criterio del centro penitenciario y de la fiscalía pone más en duda todavía que la decisión de la juez sea la correcta.