El PP valenciano pedirá a la dirección nacional del partido que expulse a los nueve ediles imputados en la causa de blanqueo de dinero en el Ayuntamiento de Valencia. Este martes acababa oficialmente el plazo dado por la líder de los populares valencianos, Isabel Bonig, para que los concejales investigados entregaran el acta. Sin embargo, los ediles, que tienen la condición de independientes tras ser suspendidos cautelarmente de la militancia, han afirmado en una carta que no abandonarán sus puestos hasta que no finalice el expediente informativo abierto por Génova o haya alguna resolución judicial. Los concejales consuman de esta manera su rebelión contra el PP regional en la esperanza de que la dirección nacional, que quiere pasar página lo más rápido posible, mire hacia otro lado. Esto sería un error. Cada minuto que pasa sin que el partido fuerce la dimisión de los imputados merma la legitimidad de Bonig y de los populares en Valencia. Gestos vacíos como el que se ha anunciado de cambiar de sede no son suficientes: lo que Génova tiene que hacer es una verdadera limpieza de la organización. El PP no puede permitirse el lujo de ir a unas hipotéticas elecciones con semejante crisis de legitimidad en la tercera ciudad de España.

La escritora Empar Moliner ha tirado de demagogia barata para hacer pasar por un acto de protesta en favor de las personas más castigadas por la crisis lo que sólo puede interpretarse como un atentado contra la norma básica de convivencia democrática. Con la excusa de que el TC ha tumbado, por inconstitucionales, las medidas del Govern para tratar de prohibir que se corte el suministro eléctrico, la periodista ha quemado un ejemplar de la Constitución Española en directo en TV3. Esta performance era un acto premeditado, ya que Moliner contaba desde el principio de su intervención con un cubo metálico para evitar percances con el fuego. Que un medio público que se financia con el dinero de todos los contribuyentes se preste a este tipo de exhibiciones que solo buscan la radicalización y el enfrentamiento es vergonzoso. También es irónico que la periodista prendiese fuego a la misma ley que permite la autonomía que faculta la existencia y funcionamiento de esa cadena. La Constitución es de todos y no puede ser quemada en una televisión pública que debería servir para tender puentes y no para fomentar la polarización de la sociedad. Despreciar los símbolos del Estado no debería salir gratis. 

Según el último informe del Fondo Monetario Internacional, la recuperación económica podría no ser tan sólida como se esperaba. El organismo que dirige Christine Lagarde ha empeorado sus pronósticos para la mayoría de economías del mundo, incluyendo España: si en 2015 la recuperación de nuestro país superaba las expectativas, a partir de ahora el crecimiento se modera, ya que se reduce del 3,2% del año pasado al 2,6% de 2016 y al 2,3% en 2017. Es la primera vez que el fondo rebaja sus previsiones para España desde 2013. Entre los principales nubarrones que inquietan al FMI se incluyen las crecientes tensiones en los países exportadores de petróleo, la volatilidad en los mercados financieros y la posibilidad de que Reino Unido abandone la UE tras el referéndum del 23 de junio. El FMI avisa en su informe de los riesgos de "estancamiento" de la economía mundial en un escenario deflacionario, por lo que los gobiernos deben pasar a la acción con políticas de estímulo fiscal. El problema es cómo compaginar este tipo de políticas con la obligada contención del déficit cuando estamos en manos de un Gobierno en funciones.