La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha adoptado este jueves dos decisiones que contribuyen a poner en valor la independencia del organismo que preside José María Marín Quemada. Por un lado, ha abierto un expediente a Santander, BBVA, La Caixa y Banco Sabadell para averiguar si estos cuatro gigantes de la banca pactaron el interés mínimo del seguro del crédito solicitado por una sociedad. Competencia ha apreciado "indicios racionales de concertación". Más allá del desenlace de este expediente, se trata de una iniciativa insólita en nuestro país. Así como el Banco de España supervisa la solvencia de los bancos, y la CNMV la calidad de sus valores, es la primera vez que un órgano regulador se atreve a vigilar la política comercial de las entidades financieras. Por otro lado, Competencia ha impugnado la ley aprobada por el Gobierno para blindar la protección de los taxistas mediante la restricción de licencias de alquiler de coche con conductor que usan empresas como Cabify y Uber.

Las revelaciones de EL ESPAÑOL de que el exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF), Manuel Vázquez, se puso en contacto con magistrados del Tribunal Supremo para aportarles todos los documentos relacionados con la investigación de las finanzas de Podemos han provocado un terremoto que va mas allá de la política. Mientras que Íñigo Errejón ha afirmado que “no hay Estado de Derecho” -este jueves en el Congreso de los Diputados- y fuentes del partido de Albert Rivera han asegurado que pedirán explicaciones al Gobierno, las principales asociaciones judiciales del país también han expresado su perplejidad por las acciones del comisario principal: entidades de diversa adscripción como Jueces para la Democracia (JpD), Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Francisco de Vitoria (FV) han coincidido en calificar de “injerencia” e “insólita” esta intromisión en la Justicia. El nuevo jefe superior de la Policía Nacional en Galicia es un cargo de confianza del ministro del Interior. Ante la fuerte sospecha de que Vázquez intentó influir en la deliberación del Tribunal para favorecer al partido de Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz debe dar explicaciones en el Congreso.

El pleno del Parlament de Cataluña ha aprobado este martes la moción impulsada por la CUP que reivindica la vigencia de la declaración independentista del 9 de noviembre, anulada por el Tribunal Constitucional. Esto texto ha puesto en evidencia las diferencias estratégicas entre las dos formaciones, ya que la coalición formada por Convergència y Esquerra Republicana ha votado en contra de los dos puntos más problemáticos que llamaban a ignorar al Estado, como querían los cupàires. Sin estos dos apartados, que estimulaban a los cargos electos a seguir desatendiendo las peticiones de las instituciones estatales y solicitaban a los Mossos que desatendieran los requerimientos contra los Ayuntamientos que aprobaron mociones a favor de la declaración del 9-N, la resolución aprobada es más de lo mismo, en vez del paso de desobediencia que pretendía la CUP. Una vez más vuelve a quedar patente las hojas de ruta distintas dentro del Gobierno de Puidgemont, ya que Junts Pel Sí parece jugar al gato y al ratón con el proceso soberanista mientras que los anticapitalistas abogan por una desconexión inmediata.