Personas que han pertenecido a la Comisión de Calificación de Películas, el organismo encargado de valorar los títulos que se estrenan en España, han denunciado a EL ESPAÑOL que el Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales ha rebajado la calificación que deberían tener algunas cintas con la intención de que puedan ser vistas por el mayor público posible. Según estos testimonios, la directora del Instituto ha cedido a las presiones que ejercen las distribuidoras cinematográficas hasta el punto de corregir el criterio de la comisión de expertos. Es el caso por ejemplo de Los vengadores: La era de Ultrón (Disney) y Regresión (Universal), que finalmente fueron calificadas como no recomendadas para menores de 7 años', pese a que en países como Reino Unido no se aconsejaban para menores de 15. Los hechos denunciados son gravísimos. Las calificaciones están para advertir qué películas pueden resultar dañinas para los niños, por lo que resulta indignante que el Ministerio de Cultura se salte los criterios de los técnicos para favorecer el negocio de las grandes compañías. Antes estas revelaciones, la directora del ICAA Lorena González debe dar la cara y, salvo que encuentre una justificación convincente, asumir su responsabilidad y dejar el cargo. Además, el Ministerio de Cultura debe reforzar las garantías para asegurar la independencia de la Comisión de Calificación de Películas y salvaguardar la protección de los menores.

Tal y como publica en exclusiva EL ESPAÑOL, la Generalitat Valenciana contrató en 2008 y 2009, por más de cinco millones de euros, aviones contraincendios que arrastraban un polémico historial de accidentes. Ello fue posible gracias a que la Consejería de Justicia realizó una modificación del pliego original para aceptar que la empresa adjudicataria prestara el servicio con un modelo previamente descartado, el dromader M-18A. Este aparato ha protagonizado en España al menos tres accidentes mortales en la última década. Se da la circunstancia de que el responsable de Justicia era Serafín Castellano, al que ahora se investiga por posible soborno. Si la corrupción siempre es detestable, aún lo es más cuando en pos de conseguir sus objetivos ilícitos no duda en poner en riesgo la vida de las personas.

Carlos Torres, consejero delegado de BBVA, ha afirmado en una entrevista este martes que a largo plazo la entidad bancaria podría operar en España con sólo 1.000 oficinas, es decir, con un 25% de de las que tiene actualmente. La noticia llega una semana después de que el Banco Santander comunicase a los sindicatos que pretende cerrar de forma inminente hasta 450 sucursales. Esto es un duro golpe para un sector que desde el 2009 ha perdido más de 71.000 empleos. La diferencia es que esta nueva oleada de cierres obedece más a los cambios estructurales del mundo de la banca que a la crisis económica, por lo que la tendencia no se frenará a pesar de los ciclos económicos. Para empezar, la digitalización de los servicios ha reducido la afluencia a las sucursales, ya que cada vez más gente, en especial los jóvenes, prefiere hacer sus gestiones bancarias online. Es evidente que nos encontramos ante un cambio imparable, ya que la economía del futuro será digital. En un informe publicado la semana pasada, Citigroup alertó de que tres de cada diez trabajadores de banca perderán su trabajo en la próxima década debido a la innovación digital. Sería absurdo e inútil intentar frenar este desarrollo tecnológico. Sin embargo la administración debería actuar para dar salida a aquellas personas que perderán su trabajo en un futuro muy cercano.