A pesar de que Italia tiene una mayor deuda pública que España y su recuperación económica está siendo mucho más lenta que la de nuestro país, la distancia de la prima de riesgo española con la italiana se ha multiplicado por dos desde la investidura fallida de Pedro Sánchez. Los dos principales razones que explican esta diferencia son la falta de Gobierno y los problemas que está demostrando España para reducir el déficit de sus comunidades. Estos factores están directamente relacionados, ya que si la inestabilidad política no contribuye a generar confianza en los mercados, la ausencia de un Gobierno estable dificulta aun más el control de gasto de las administraciones. El ejecutivo de Mariano Rajoy ha presumido durante esta legislatura de haber conseguido bajar la prima de riesgo. Sin embargo, su inmovilismo es una de las razones por las que los costes comparativos de financiación de España son más altos que los de un país que, económicamente, es muy similar.

Como ya hizo tras los atentados de París del pasado noviembre, Pablo Iglesias ha reiterado que no se sumará al pacto antiyihadista firmado por PP, PSOE y Ciudadanos. La oposición del dirigente de Podemos, debido a un supuesto conflicto de valores, es absurda. El atentado de Bruselas ha vuelto a demostrar que el objetivo del Estado Islámico es atacar toda Europa, lo que requiere una respuesta conjunta por parte de los líderes europeos. A la negativa de Iglesias se suman las declaraciones de un destacado miembro del partido, el alcalde de Zaragoza Pedro Santisteve, quien en una concentración en memoria de las víctimas ha tenido la desfachatez de decir que el 22-M es una consecuencia de las "agresiones de Occidente". Este tipo de argumentos suponen una justificación inadmisible del terrorismo. El partido de Pablo Iglesias debe dejar esta posición de ambigüedad frente al terrorismo islámico e incorporarse al pacto antiyihadista de una vez por todas.

Tras la negativa del PP a someterse al control de la Cámara baja, la oposición del Congreso, con la excepción de Foro Asturias, UPN y Bildu, ha presentado un escrito este miércoles para que el Pleno de la Cámara vote a favor de presentar un recurso ante el TC. El presidente del Congreso, Patxi López, ya advirtió hace varias semanas que la objeción del Ejecutivo de Mariano Rajoy de someterse al control parlamentario podría acarrear un "conflicto institucional grave". El argumento de los populares es que al ser un Gobierno provisional no tienen por qué rendir cuentas de su labor, pero esto no excusa su comparecencia, como exige la separación de poderes. Es evidente que el Ejecutivo de Rajoy, acostumbrado a una mayoría absoluta, prefiere no someterse a la supervisión de una Cámara en la que ya no tiene el poder. La oposición ha hecho bien en recurrir al Constitucional para que obligue al Gobierno a cumplir con su responsabilidad democrática. Sin embargo, es poco probable que el Tribunal resuelva este recurso antes de una hipotética disolución de las Cortes el 2 de mayo.