Barack Obama ha optado por un tono conciliador y ha preferido hablar de libertad económica, en vez de reforma política, ante el auditorio del Gran Teatro de La Habana. Varios disidentes cubanos esperaban que en el discurso más importante de su viaje el presidente estadounidense criticase las numerosas violaciones de derechos humanos del régimen de los Castro. A pesar de que el jefe del Ejecutivo mostró su apoyo a los opositores en una reunión que tuvo lugar más tarde en la embajada, el mensaje del jefe del Ejecutivo de cara al mundo se ha centrado en el papel del capitalismo "para transformar la sociedad desde dentro". Tiene sentido que, en su intento por normalizar las relaciones entre los dos países, Obama haya evitado contrariar a sus anfitriones. No obstante, la administración americana no puede guardar silencio tras el desafío de Raúl Castro, quien en una rueda de prensa este lunes negó la existencia de presos políticos. Estados Unidos debe recoger el guante y presentar una lista de opositores apresados. Obama hace bien en tender un puente entre Washington y La Habana, pero tampoco puede permitir que el régimen cubano utilice esta visita como lavado de cara.

Las diferencias estratégicas entre Junts pel Sí y la CUP a la hora de conseguir la “desconexión” de España amenazan con dividir a los independentistas. El último enfrentamiento entre ambas formaciones es una moción registrada por el grupo anticapitalista en la que pide que JxS reitere la declaración rupturista del 9-N y presente un plan de actuación en el plazo de un mes. Como respuesta, la coalición formada por Convergencia Democrática y Esquerra Republicana ha aplazado este debate hasta el martes que viene, y hasta se plantean vetar la moción. La posición de la CUP, que quiere una secesión inmediata, y la de Junts Pel Sí, partidarios de moverse dentro de los límites de la legalidad, hace que el choque sea inevitable. Por si fuera poco, los mensajes dentro del Gobierno de Puidgemont también son contradictorios: mientras que según la portavoz Neus Munté a la Generalitat "no le temblarán las piernas" a la hora de aplicar el mandato del 27 de septiembre, el vicepresidente Oriol Junqueras ha afirmado que la independencia sólo es posible si se pacta con las instituciones españolas. Cuando lo único que se tiene en común es pretender romper España, el caos es ineludible.

El anuncio del Departamento de Justicia estadounidense de que podría haber encontrado la manera de acceder al contenido del iPhone de uno de los autores del tiroteo de San Bernardino ha pospuesto la vista judicial entre Apple y el FBI prevista para este martes. El gigante tecnológico se ha negado a ayudar a las autoridades a descifrar el contenido de sus dispositivos, ya que según su director ejecutivo, Tim Cook, la responsabilidad de la compañía es proteger los datos de sus clientes. Este enfrentamiento no sólo vuelve a reabrir el debate sobre los límites entre la privacidad y la seguridad, sino que además plantea una pregunta igual de importante: ¿Quién debería tomar esta decisión? Es evidente que, al igual que no es deseable que el Gobierno tenga acceso a todos los datos personales de los ciudadanos, también resulta peligroso que una compañía con ánimo de lucro como Apple se erija como el único protector de la privacidad. Una posible solución sería que, en vez de diseñar un sistema para que el Gobierno pudiese acceder a todos los dispositivos, la multinacional cooperase para facilitar su acceso a uno en concreto. Lo que está claro es que la solución no es fácil, y este debate no ha hecho más que comenzar.