Un concejal de la CUP en Vic, Joan Coma, es el primer cargo público imputado por incitar a la independencia de Cataluña. Era cuestión de tiempo que la Justicia empezara a abrir sumarios contra quienes se salten la legalidad en pos de la pretendida secesión, un propósito que han manifestado abiertamente representantes de los partidos que hoy gobiernan la Generalitat. A Coma se le investiga en la Audiencia Nacional a instancias de la Fiscalía por el llamamiento que hizo a "desobedecer" las resoluciones del Tribunal Constitucional durante un pleno del ayuntamiento y por unas manifestaciones que podrían suponer delito de rebelión y sedición. La Audiencia Nacional ya está investigando lo sucedido en otros ayuntamientos que decidieron apoyar la resolución independentista del Parlamento catalán. Al mismo tiempo, EL ESPAÑOL revela hoy que el juez que investiga a Artur Mas por haber auspiciado la consulta independentista del 9-N en contra de la resolución del Constitucional, le atribuye la posible comisión de un posible delito castigado con la cárcel: malversación de fondos públicos. Poco a poco, la Justicia está haciendo su trabajo.

Si, finalmente, España va a nuevas elecciones, ésta no sólo será la legislatura más corta de la democracia, sino aquella en la que los parlamentarios habrán disfrutado de un mayor número de vacaciones. Resulta cuando menos llamativo que el único punto en el que todos los partidos se han puesto de acuerdo a día de hoy haya sido el de aplazar el Pleno del Congreso previsto para el 29 de marzo y concederse así unas vacaciones de Semana Santa de tres semanas: más largas que las de los niños en edad escolar. Si tenemos en cuenta que, tras el 20-D, las Cortes no se constituyeron hasta el 13 de enero; si sabemos que las Cortes se disolverán el 2 de mayo si no hay pacto de investidura; y si añadimos que hasta entonces Patxi López sólo ha previsto una quincena de plenos, nos podemos encontrar con que los diputados cobrarán seis meses de sueldo por apenas dos de trabajo. Algunos podrán alegar que la ausencia de actividad en el Parlamento no significa que estén de brazos cruzados, pero la imagen del Congreso y el Senado cerrados por vacaciones es demoledora en un país en una situación de emergencia.

La ONU eligió el 22 de marzo como Día Mundial del Agua, y es una buena fecha para debatir cómo debemos enfrentarnos al problema de la conservación, tratamiento y gestión  de los recursos hídricos. En España, la ministra socialista Cristina Narbona cedió en 2005 a las miopes presiones territoriales y sustituyó un Plan Hidrológico Nacional razonable, aunque mejorable, por un proyecto de desalodaras que ha acabado siendo un enorme fiasco. Los españoles perdimos entonces una gran oportunidad para unirnos en torno a un mismo propósito y distribuir mejor y más eficazmente los recursos en los años en que hubiera excedentes. Los conflictos por el agua continúan, tal y como reflejamos hoy en nuestras páginas con el ejemplo del trasvase Tajo-Segura. La mayoría de las veces, la polémica la aventan los gobiernos autonómicos con un evidente interés político. Una de las obsesiones de EL ESPAÑOL es la de optimizar los recursos hídricos y repartirlos de forma justa, partiendo de la premisa de que el agua es vital para el desarrollo y la cohesión de un país. Por ello creemos que su gestión debe hacerse con visión de Estado y con competencia nacional.