Tal y como revela hoy EL ESPAÑOL, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha procedido por primera vez contra algunos bancos por su “colaboración necesaria” con la familia Pujol en el blanqueo de su fortuna. Los investigadores han descubierto que varias entidades financieras, entre las que destaca el Banco Mediolanum, cedieron su infraestructura para facilitar el lavado de dinero del clan catalán custodiado en Andorra. Estas revelaciones muestran una vez más el alcance de la trama orquestada por los Pujol y la desvergüenza del expresidente de la Generalitat, que a pesar de todas las evidencias, sigue manteniendo que el dinero oculto en Andorra es una herencia familiar. Con cada nueva averiguación, este cuento se desmorona. Los bancos deben ahora rendir cuentas ante la Justicia y explicar su papel en esta intriga.

En la entrevista que publica EL ESPAÑOL con la socialista Meritxell Batet, la diputada por Madrid y figura clave del equipo de negociadores del PSOE afirma que “están convencidos” de que Podemos acabará colaborando para que haya un Gobierno de cambio. La realidad, en cambio, invita a pensar lo contrario. Hoy por hoy, el apoyo de Podemos al pacto con Ciudadanos es prácticamente imposible, especialmente tras la marginación del ala posibilista que representa Íñigo Errejón. Las diferencias entre Podemos y Ciudadanos son insalvables, sobre todo en lo referente a la economía y al modelo territorial. A pesar de que la dirigente socialista reitera que la línea roja del PSOE sigue siendo que el PP no esté en el Gobierno, es evidente que la solución pasa por ahí. Sólo un pacto PP, PSOE y Ciudadanos puede recabar los apoyos necesarios para acometer las urgentes reformas que España necesita. En vez de esperar lo imposible, el PSOE debería dedicar sus esfuerzos a sumar al PP a un acuerdo. De lo contrario, habrá elecciones en junio.

La defensa de la dermatóloga Elisa Pinto ha pedido al Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid que revoque el archivo del procedimiento por acoso al empresario Javier López Madrid. Este escrito denuncia que el consejero delegado de Grupo Villar Mir utilizó sus contactos con altos mandos policiales para producir una “investigación a la carta” en beneficio del investigado. Los indicios de manipulación presentados son inquietantes: el recurso destaca que dos agentes policiales fueron testigos de una de las agresiones. Los argumentos presentados por la defensa son sólidos, lo que justificaría que se reabriera el caso. Dado que hay sospechas sobre la actuación de la policía, lo lógico es que la Guardia Civil dirigiera esta investigación para una mayor garantía de independencia.