El expresidente de la Generalitat Artur Mas y las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau, que están siendo investigados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por un presunto delito de desobediencia al Constitucional, han pedido el archivo del proceso en un escrito plagado de incorrecciones y mentiras. Según el TSJC, hay indicios de que ninguno de ellos acató la orden que suspendía la consulta soberanista del 9-N. Sus intentos por desmarcarse de la votación no son creíbles: los indicios están ahí y sin los medios de la Generalitat nunca hubiese podido celebrarse. Pero una vez más, destaca el cinismo del expresidente. Uno de los argumentos que utiliza Mas en su defensa es que la consulta fue posible gracias a la “pasiva conformidad” de todos los poderes del Estado, ya que ni el Gobierno ni la Fiscalía realizaron el “menor esfuerzo” por impedir el “proceso de participación”. Es verdad que Moncloa no hizo lo suficiente para impedir que se rompiese la ley, y esto quedará siempre en el debe de Rajoy. Sin embargo la desfachatez de Mas es pasmosa. Su razonamiento es el mismo que el del atracador que tras amenazar con desvalijar un banco culpa a la policía por no evitarlo.

Alberto Aza, exjefe de la Casa del Rey, ha desvinculado a Zarzuela de cualquier negocio de Iñaki Urdangarín en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Palma por el 'caso Nóos'. Tanto el marido de la Infanta Cristina como su socio Diego Torres insistieron en sus declaraciones que toda la labor del Instituto Nóos, así como sus cuentas y datos fiscales, fueron controlados y supervisados por la Casa Real. Sin embargo Aza ha negado que se asesorara o tutelara a Urdangarin. Resulta poco creíble que Zarzuela no estuviera al tanto de las actividades del marido de Cristina de Borbón. La serie de correos electrónicos entre el ex asesor de las infantas, Carlos García Revenga, y Urdangarin, en los cuales este último le ponía al corriente de ciertas actividades de Nóos, parecen desmentir la versión de Aza. El papel de la Casa Real en esta trama debe de ser aclarado.

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva será a partir del próximo martes ministro de la Casa Civil en el Gobierno de Dilma Rouseff. El exmandatario, que está siendo investigado por su presunta implicación en el escándalo de la petrolera estatal Petrobras, podrá así evitar sentarse por el momento en el banquillo, ya que gracias a este cargo pasará a ser aforado. Con esta elección, Rouseff intenta recabar apoyo parlamentario y evitar el proceso de su destitución que está a punto de ser reabierto en el Congreso. Sin embargo, es dudoso de que con esta jugada pueda resolver la grave crisis institucional del país. Para empezar, Lula vuelve al poder en circunstancias muy distintas a las que se fue. En 2010 gozaba de más de un 80% de popularidad, una cifra que se ha desplomado en los últimos meses debido al escándalo Petrobras. Los rumores de su designación también han provocado una caída en el valor de la moneda brasileña, ya que los inversores temen un giro a la izquierda en términos de política ecónomica. El final de Lula no podría ser más deplorable. En su intento por evadir sus responsabilidades con la justicia, el que fue autor del milagro brasileño se ha convertido en una figura ridícula, acorrolada por la corrupción, que intenta salvar el pellejo.