Los escándalos en los que está envuelto Javier López Madrid lo han convertido en un personaje incómodo para la Casa Real, y no sólo por los mensajes que se cruzó con los monarcas y que acaban de ver la luz. El presidente de Siacapital sigue perteneciendo al patronato de la Fundación Princesa de Asturias pese a que está inmerso en tres sumarios judiciales a la vez: el del caso Púnica, el de las tarjetas black y el del acoso a la dermatóloga. No es, desde luego, la mejor tarjeta de presentación. Ocurre que la Fundación, pese a su notoria relevancia social, aún no tiene una normativa que regule este tipo de situaciones. Tal y como hoy informamos, la preocupación ha llevado a la entidad a debatir en su próxima reunión la idoneidad de un reglamento, así como la conveniencia de la continuidad de López Madrid. Hace bien al plantear el asunto, aunque llega un poco tarde. Por indicación de la Casa del Rey, López Madrid ya no acudió a la última celebración de los Premios Princesa de Asturias ni ha participado tampoco en la junta anual de la fundación que presiden los Reyes. Está claro que si su presencia no es aconsejable en estos acontecimientos, tampoco puede pertenecer a la institución que los organiza. 

El líder del PSOE va a tener que comerse sus palabras sobre las bondades de su aspirante a la Xunta de Galicia si pretende tener credibilidad en su discurso de regeneración y cambio. Ya es grave que, pese a que el secretario general de los socialistas gallegos lleva tiempo siendo investigado judicialmente por una recalificación de cuando era concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Lugo, Sánchez lo haya estado respaldando. Esta misma semana,  incluso, le dio su aprobación en La Coruña como próximo candidato a las elecciones  autonómicas. Pues bien, un juez ha emplazado este viernes a Gómez Besteiro a declarar en otro caso como investigado. Se le vincula ahora a irregularidades detectadas en un programa de excursiones que organiza la Diputación de Lugo. Los delitos en los que Besteiro podría haber incurrido son, según se desprende de la instrucción, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, fraude a las Administraciones Públicas, fraude de subvenciones y malversación de caudales públicos. Sánchez está en su derecho de "confiar" en la inocencia de Besteiro, tal y como ha venido repitiendo hasta ahora, pero no puede obligar a los gallegos a votar a un candidato bajo sospecha de corrupción.

La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia ha hecho un estudio sobre economía colaborativa cuyas conclusiones son un serio toque de atención a las administraciones para que se pongan manos a la obra y liberalicen sectores que están constreñidos por una normativa anticuada. El organismo presidido por José María Marín Quemada hace especial hincapié en el transporte y el turismo. El regulador denuncia, por ejemplo, el anacronismo de que siga habiendo límites en la concesión de licencias del taxi. Según Competencia, en pleno desarrollo de las plataformas tecnológicas que unen la oferta y la demanda entre particulares, mantener trabas al mercado perjudica sobre todo a los consumidores, que de otra manera podrían optar a mejores servicios y precios. Pero además, el conflicto entre los nuevos operadores y las empresas tradicionales está traduciéndose en largos y costosos procesos judiciales. La solución pasa por que la Administración retire unas reglas de juego que encorsetan y esclerotizan la economía, y por anteponer el interés general a los intereses de determinados grupos o colectivos.