La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha tratado con cajas destempladas a dos oficiales que participaban en el Salón de la Enseñanza que se ha inaugurado en la ciudad Condal porque, según les ha explicado ella misma cuando se han acercado a saludarle, prefiere "que no haya presencia militar" en esta feria para "separar los dos ámbitos"; el castrense y el educativo, se entiende. Además de una muestra de descortesía evidente, la dirigente de Barcelona En Comú ha puesto de manifiesto una cortedad de miras sólo explicable desde los más rancios prejuicios. La carrera militar es una de las más exigentes tanto en formación como en vocación y sigue siendo una provechosa salida formativa y profesional, lo que justifica la presencia todos los años de un expositor del Ejército en esta feria. Al tratar como personas non gratas a estos militares, Colau deja entrever que ve a las Fuerzas Armadas como un peligro potencial o una amenaza incompatible con la enseñanza, en lugar de considerarla una institución dedicada al servicio público, a la defensa de España y a la ayuda y protección de los más desfavorecidos en decenas de misiones internacionales. Patético personaje.

Del mismo modo que el caso Palma Arena derivó en la investigación del Palacete que Jaume Matas compró en el casco antiguo de Palma, las pesquisas sobre el ático en Estepona de Ignacio González han evolucionado hacia una indagación mucho más amplia sobre su patrimonio y el de su mujer, Lourdes Cavero. La decisión de la juez Isabel Conejo de investigar el enriquecimiento del expresidente de la Comunidad de Madrid en política está más que justificado. Las lagunas en torno a la turbia operación que le llevó a alquilar y después comprar -a través de un testaferro- el inmueble marbellí y la declaración testifical de un imputado en el caso Gürtel, que mantiene que el ático es la comisión de una constructora, son motivos suficientes para rastrear las cuentas del matrimonio y comprobar el origen de su patrimonio. La imputación este jueves del matrimonio González Cavero y del presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, demuestra que el cerco de la Justicia se estrecha pese a los esfuerzos realizados por el expresidente madrileño para detener las primerras investigaciones policiales, tal como ha denunciado el comisario Villarejo. El caso ático está cada día más cerca de convertirse en el caso González.

La entrevista concedida por el expresidente murciano Alberto Garre a EL ESPAÑOL, en la que ha pedido a Mariano Rajoy que haga "un servicio a España y al PP y dé un paso atrás" ha provocado un pequeño terremo en el partido mayoritario. Mientras el entorno más próximo al presidente del Gobierno en funciones salía en tromba este jueves para desacreditar a Garre, a quien acusan de "estar fuera de la política", de "no ser nadie" y de actuar "movido por el resentimiento" porque no formó parte de las listas electorales de 2015, el sucesor de Valcárcel recibía más de 400 llamadas y mensajes de apoyo de dirigentes, exdiputados autonómicos y nacionales, cargos medios del partido y simples afiliados. Es lógico que las bases se pregunten hasta qué punto los miembros de una cúpula designada a dedo por Rajoy defiende sus puestos y sueldos o se preocupa de verdad por el proyecto político y por buscar soluciones a la crisis de credibilidad y liderazgo que padece el PP. Lo que está claro es que las reacciones suscitadas por este pata negra impiden dar por cerrado un debate que, a buen seguro, generará nuevas réplicas.