El PP no guarda ni las facturas, ni las licencias, ni los planos, ni ningún documento fehaciente relativo a la reforma de la primera planta de la sede central, en Génova 13, investigadas por la Audiencia Nacional ante las evididencias de que fueron pagadas con dinero negro. Tan sólo presenta facturas por apenas 80.000 euros en sillas y muebles, una cantidad irrisoria a la hora de justificar cómo se pagó la remodelación en el espacio reservado a los trabajadores y cargos de la organización en Madrid. Este descuido agrava la sospecha de que la reforma fue sufragada con fondos irregulares entregados por el empresario Javier López Madrid, yerno del presidente de OHL, Juan Miguel Villar-Mir. Así lo hicieron constar los dirigentes del PP madrileño a los extesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, y así aparece registrado en la agenda hallada por la Guardia Civil a Francisco Granados durante los registros de la operación Púnica. Por si esto fuera poco, también se investiga el intento de amaño en favor de la constructora, a cambio de comisiones, de la licitación para construir el Hospital en Mallorca. Frente a todos estos indicios encontramos a un partido que no encuentra la documentación requerida por un juez, o que pierde los registros de entrada a su sede y rompe el disco duro del ex responsable de las cuentas imputado en la trama de financiación.

El diputado de Democracia y Libertad (antes Convergencia) Francesc Homs, ex consejero de Presidencia de la Generalitat con Artur Mas, ha acudido este lunes a petición propia a declarar ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Se le imputa un posible delito de desobediencia al Tribunal Constitucional, ya que en una carta firmada el día 6 de noviembre de 2014, el exportavoz daba el visto bueno para que una de las empresas contratadas para organizar la consulta del 9 de noviembre siguiese adelante con el trabajo. En esta comparecencia Homs no ha querido responder ni a la Fiscalía ni a la acusación popular, sino que ha utilizado el proceso para atribuir motivaciones políticas al tribunal y presentarse como un mártir del independentismo. Esta es una estratagema que los secesionistas utilizan a menudo: tal y como publicó EL ESPAÑOL, el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol también utilizó el nacionalismo para intentar justificar su dinero oculto en Andorra. El siguiente paso, como pide la fiscalía, es que al ser diputado y por lo tanto aforado, el caso de Homs sea elevado al Supremo.

Turquía ha aumentado su lista de demandas para frenar a los refugiados que intentan llegar a Europa. Las principales peticiones que el Gobierno de Erdogan ha presentado este lunes ante los líderes europeos en Bruselas incluyen más dinero, el adelanto de la exención de los visados a los ciudadanos turcos que viajan al espacio Schengen y acelerar las negociaciones de adhesión. Además, por cada refugiado sirio que sea devuelto de las islas griegas a Turquía, la UE debe comprometerse a traer a un demandante de asilo que esté en territorio turco. Todo esto coincide además con un claro deterioro de la democracia turca. Es evidente que Bruselas quiere lavarse las manos en la gestión de los refugiados y dejar el trabajo sucio a Ankara. Estas demandas muestran sin embargo que Erdogan se está aprovechando de la desesperación de los países europeos para intentar conseguir el mayor beneficio posible. Este comportamiento es inadmisible para un país que quiere formar parte de la UE. Turquía debe demostrar que está dispuesto a colaborar con Europa, en lugar de intentar sacar provecho de una crisis humanitaria.