El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha sido detenido y llevado a declarar este viernes por su presunta implicación en el escándalo de la petrolera estatal Petrobras, conocido popularmente como Petrolão. Este esquema de corrupción y blanqueo de dinero a gran escala ya ha salpicado a decenas de políticos. Sin embargo, la posible implicación de Lula, el hombre que durante sus ocho años de mandato transformó Brasil en una potencia mundial y que hasta ahora se perfilaba como posible candidato para las elecciones de 2018, podría hacer tambalear al mismísimo Gobierno.

No sólo es el derrumbe de un mito: el exmandatario, que traspasó el mando a la actual presidenta Dilma Rousseff en 2010, es todavía la cara más mediática del Partido de los Trabajadores (PT). Las sospechas que ahora se ciernen sobre él añadirán más presión sobre Rousseff, que además de una grave recesión económica y la amenaza de la epidemia del Zika, también afronta un proceso de impeachment por haber maquillado las cuentas de su Administración. Para colmo, la sucesora de Lula tampoco está libre de sospecha en el escándalo de Petrobras, de cuyo consejo directivo fue presidenta entre 2003 y 2010. Aunque la Fiscalía decidió que no había elementos suficientes para investigarla, el pasado jueves el senador del PT Delcídio do Amaral, que ha sido apresado en el marco de la investigación, conectó a la presidenta con la trama.

Es indudable de que este caso de corrupción es una noticia nefasta para un país que sufre su peor crisis económica en décadas. Esta semana, el gigante sudamericano anunció que su PIB se había contraído un 3,8% durante 2015, la mayor recesión que sufre en un cuarto de siglo. El escándalo de la petrolera ha sido fatal para el crecimiento y la imagen de corrupción disuade a los inversores. El milagro económico de Brasil se desvanece, al igual que la reputación de su hombre de Estado más conocido.

El cambio de estrategia defensiva de Cristina de Borbón en el juicio del caso Nóos ha caído como un jarro de agua fría en la Casa del Rey. La infanta ha pasado de preservar la imagen de la Corona a escudarse en que los asesores de Zarzuela Carlos García Revenga, José Manuel Romero -conde de Fontao- y Federico Rubio supervisaron la actividad del instituto y su presencia en Aizoon. Su relato es verosímil y salpica a la Corona porque esta empresa fue la sociedad instrumental utilizada por Nóos para blanquear comisiones públicas ilegales. Es lógico que esta versión haya producido "decepción", "pena", "alarma" e "indignación" en la Casa Real, implicada en este caso de corrupción por la hermana de Felipe VI. Desde ella se alega que las infantas tenían prohibido mantener bienes gananciales o adquirir propiedades con sus cónyuges. No está claro que Cristina de Borbón logre con este cambio de estrategia salir absuelta, pero de lo que no cabe duda es de que arroja nueva luz sobre la Monarquía de Juan Carlos I y marca un antes y un después en su relación con la nueva Casa del Rey.

Este sábado, el expreso condenado por pertenecer a la banda terrortista ETA Arnaldo Otegi ofrece un mitín multitudinario en el velódromo de Anoeta, en el que podría anunciar su candidatura a lehendakari para las elecciones autonómicas. Es evidente que la izquierda abertzale lo considera el mejor candidato para enderezar los reveses sufridos por Bildu en las generales, en las que Podemos le arrebató el segundo lugar y más de 100.000 votos. Sin embargo, Otegi se enfrenta a un escenario político muy distinto al que dejó cuando ingresó en prisión hace más de seis años. Para empezar, las preocupaciones de los vascos ya no son las mismas. La crisis, la corrupción y el paro se cuentan ahora entre los principales problemas, mientras que todas las encuestas insisten en la caída del independentismo. Incluso en el caso de que Otegi y el partido de Pablo Iglesias -quien ya le mostró simpatía en un polémico tuit- llegaran a un acuerdo, el PNV sigue siendo el partido nacionalista más votado, por lo que las opciones del exportavoz batasuno son limitadas. A esto se suma que Otegi está inhabilitado para ocupar cargo público hasta 2021, aunque como demuestra el caso del también abertzale Iker Casanova, eso podría no ser un impedimento.