EL ESPAÑOL desvela en exclusiva que el extesorero del PP Álvaro Lapuerta denunció ante la cúpula de su partido que el constructor Juan Miguel Villar Mir pagó una comisión en Suiza al ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. Lapuerta aseguró ante varios miembros de la formación que el presidente de la constructora OHL le había facilitado una fotocopia de un cheque bancario ingresado en Suiza que correspondería con el pago de un soborno a cambio de un contrato público. La posición que el ex tesorero tenía dentro del partido y su estrecha relación con el empresario justificaban con creces que el PP hubiese investigado a fondo esta información. Sin embargo, el partido no fue más allá de pedirle explicaciones a González, quien negó haber recibido comisión alguna. Una vez más vuelve a demostrarse que, ante un indicio de corrupción, el PP miró hacia otro lado, como ya hizo cuando estalló el “caso Bárcenas”. La formación que lidera Mariano Rajoy debe explicar por qué dio carpetazo a este asunto que salpicaba al dirigente al que luego promocionaron como presidente de la Comunidad de Madrid.

La abogada de Manos Limpias, Virginia López-Negrete, ha sido citada a declarar por un supuesto delito de apropiación indebida el mismo día que debe interrogar a Cristina de Borbón. López-Negrete es la única letrada que acusa directamente a la infanta de fraude fiscal en el caso Nóos, por lo que su presencia en el interrogatorio, prevista para el próximo jueves, es imprescindible. El titular del juzgado número 18 de Madrid, José Ángel Lera, se ha negado dos veces a cambiar la fecha de su comparecencia, a pesar del certificado de la Audiencia de Palma que afirma que la presencia de la abogada en la declaración de Cristina de Borbón tiene carácter "preferente". El empecinamiento del Juzgado de Madrid en mantener esta cita es absurdo. No tiene sentido que la letrada que representa a la única acusación popular contra la hermana del Rey no pueda intervenir en uno de los juicios más trascendentales de los últimos años.

Mientras que para muchos de los socios europeos el precio por la permanencia de Reino Unido en la UE ha sido demasiado alto, para los euroescépticos británicos las concesiones obtenidas por Cameron son insuficientes. Los privilegios con los que a partir de ahora contará el Reino Unido incluyen salvaguardas al centro financiero de la City de Londres y la creación de un mecanismo de emergencia para frenar el acceso de ciudadanos comunitarios a beneficios sociales en el país. Sin embargo, muchos británicos consideran que estos cambios no reflejan sus verdaderas preocupaciones, principalmente en lo referente a la inmigración. Varios miembros del gabinete conservador han roto filas para anunciar su oposición a la Unión Europea, y el alcalde de Londres, Boris Johnson, ha anunciado este domingo que apoyará la campaña del Brexit. El candidato a la sucesión de David Cameron ha reflejado lo que muchos euroescépticos piensan al decir que las concesiones obtenidas por el primer ministro no pueden considerarse verdaderas reformas. Las primeras encuestas parecen favorecer el “sí” a permanecer en la Unión, pero queda una larga campaña por delante.