El diputado por Segovia Pedro Gómez de la Serna, investigado por un caso de cobro de comisiones a cambio de conseguir contratos para empresas, estuvo cobrando de la Comunidad de Madrid 3.000 euros al mes durante cuatro años por asesorar a Arpegio, una entidad dependiente de la Administración autonómica que se encargaba de realizar inversiones en los municipios. Resulta ahora que Arpegio está siendo investigada por su relación con la trama Púnica. Todo indica que la contratación de la Serna es un episodio más de endogamia y enchufismo, y de cómo las comunidades autónomas colocan a sus afines para desempeñar cargos públicos. Al margen de las explicaciones públicas que pueda dar el diputado, tanto Esperanza Aguirre como Ignacio González deben explicar la relación laboral de Gómez de la Serna con la Administración que ellos presidían y aclarar bajo qué criterio se le contrató.

Jordi Pujol y su mujer Marta Ferrusola han declarado este miércoles en la Audiencia Nacional, imputados por blanqueo de capitales. Estamos ante un hecho insólito: es la primera vez que un expresidente de la Generalitat es citado a declarar por un delito de corrupción. El patriarca del clan Pujol insiste en esgrimir el viejo cuento de la herencia paterna para explicar el origen del dinero que la familia guardaba en Andorra. Sin embargo ha sido incapaz de dar cuenta de este legado ni de justificar el manuscrito desvelado en exclusiva por EL ESPAÑOL, en el que él mismo reconoce que una de las cuentas de su hijo Jordi era realmente suya. Su cinismo no tiene parangón, ya que ha llegado a afirmar en la sede judicial que si ocultó que tenía este dinero fuera de España fue “por lo que él representaba para Cataluña”. El ex dirigente ha asegurado ante el juez que ni conocía los movimientos de las cuentas ni jamás fue a un banco en Andorra para ingresar dinero. Sin embargo esto no se sostiene, ya que una de las cuentas contaba con la llamada “firma autorizada” que solo se adquiere previo paso por la entidad. Las mentiras de Jordi Pujol se caen por su propio peso.

Según fuentes surcoreanas, el jefe del Estado Mayor del Ejército de Corea del Norte, Ri Yong Gil, fue ejecutado a principios de febrero por un supuesto crimen de corrupción, acusado de “perseguir beneficios personales”. La noticia, como suele suceder en ese país, uno de los más herméticos del mundo, no se ha conocido hasta este miércoles. Se trata de la última víctima de un régimen en el que los campos de concentración y las ejecuciones públicas están a la orden del día. Entre los ajusticiados por Kim Jong- un desde que sucedió a su padre en 2011 se encuentran 15 funcionarios, el que fue ministro de Defensa y su propio tío. La larga lista de condenados y desaparecidos entre personas de su entorno parece señalar que el liderazgo del dictador no es tan sólido como a él le gusta aparentar, aunque también podría indicar que ve amenazas donde no las hay, paranoia recurrente entre los de su especie. Lo que está claro es que Corea del Norte es un país inestable que ni se adhiere a la ley internacional, como demostró con el lanzamiento de un misil de largo alcance el pasado domingo, ni tampoco respeta los derechos humanos de sus propios ciudadanos. ¿Hasta cuando?