Mariano Rajoy lo tiene cada vez más difícil para lograr ser investido. Tras los últimos escándalos de corrupción del PP de Valencia, que han dañado aún más la imagen del presidente en funciones, el líder de los populares se ha sacado un último conejo de la chistera y ha hecho una estrambótica oferta a Pedro Sánchez: si los socialistas le apoyan al frente de una gran coalición, el PP garantizará la gobernabilidad al PSOE en aquellas comunidades y ayuntamientos en los que ahora gobierna gracias a Podemos y sus confluencias, y además servirá en bandeja alcaldías como las de Madrid o Cádiz, ocupadas por Podemos. Esta es una idea descabellada. En primer lugar, no se puede jugar a un intercambio de cromos para formar Gobierno. Además, en su intento de ser reelegido a toda costa propone que la lista más votada apoye a la segunda en 16 capitales y 5 autonomías, lo que es claramente una contradicción con lo que viene proclamando a nivel estatal. Con este ofrecimiento el líder del PP quiere presionar a los barones del PSOE para que hagan claudicar a Sánchez en el comité federal del sábado. El presidente dice que esta fórmula dará estabilidad al país, pero tal y como mantiene el candidato socialista, cada día es más evidente que el mayor obstáculo para formar Gobierno es el propio Rajoy. 

La arbitrariedad con la que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, usa el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) según los intereses políticos del Gobierno lo convierten en responsable directo del retraso injustificable (e ilegal) en el que incurren algunas Comunidades Autónomas en el pago a sus proveedores. El FLA es una línea de crédito creada por el Gobierno para pagar los intereses de la deuda de las regiones y para que éstas salden sus facturas con sus proveedores farmacéuticos, sanitarios y de servicios sociales dentro de los plazos legales: con retrasos no superiores a entre 30 y 60 días. Extremadura y Aragón han dilatado el pago a sus proveedores 138 y 100 días respectivamente porque esperaban recibir el FLA en junio y no llegó hasta diciembre. Es inaceptable que estos retrasos dependan de la voluntad de Montoro, en lugar de responder a criterios objetivos. Ambas regiones incurren ya en causa de intervención, pero Hacienda mira hacia otro lado porque es consciente de su propia responsabilidad.

Si el CGPJ tiene potestad disciplinaria es para ejercerla, no como elemento decorativo. El sindicato Manos Limpias ha denunciado, con razón, la inexplicable lentitud de la instrucción de la causa abierta contra Artur Mas por impulsar la consulta soberanista del 9-N en contra de la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional. Es inadmisible que la investigación de un delito tan grave como el de desobediencia a ese órgano del Estado sea tramitada con tanta lentitud, en medio de un proceso de secesión, mediando de una querella de la Fiscalía. A la hora de valorar si esta dilación es aceptable no se debe olvidar que el instructor, Joan Manel Abril, un juez autonómico propuesto por el Parlament a iniciativa de CiU y el PSC, tardó en citar al expresidente catalán siete meses, pese a que la toma de declaración de un imputado es una pericial elemental. Tampoco se puede ignorar que cuando decidió llamarle, hizo coincidir su declaración con el 75 aniversario del fusilamiento de Lluís Companys, fecha crucial para el martirologio independentista que Mas aprovechó para alimentar su victimismo.