La sombra de Luis Bárcenas vuelve a cernirse sobre el Partido Popular. La Audiencia de Madrid ha puesto el foco en un posible delito de encubrimiento por el PP de su presunta financiación ilegal. Los magistrados han ordenado al Juzgado de Instrucción número 32 que investigue quién dio instrucciones para destruir el disco duro del ordenador que utilizaba el ex tesorero y si lo hizo para tapar las irregularidades financieras de la formación de Mariano Rajoy. Esta resolución tiene lugar tres años después de que la jueza de instrucción Esperanza Collazos archivase el caso en octubre de 2013. Según los papeles de Rosalía, que obran en poder de EL ESPAÑOL, el PP estaba "muerto de miedo" de que Bárcenas y sus abogados pudieran tener una copia del disco duro. Ya en sí la propia investigación demuestra que el partido no hizo todo lo posible para que se supiera la verdad, como tantas veces ha afirmado. El PP, que esperaba que el tema de la corrupción desapareciese sin tener que asumir responsabilidades, vuelve a ver cómo este fantasma sigue persiguiéndole.

Madrid no da abasto con tanta basura sin que las autoridades municipales parezcan capaces de atajar el problema. La deficiente recogida de residuos y la falta de riego en muchas calles y plazas convierten la suciedad en insufrible y proyectan una imagen tercermundista de la capital de España. Manuela Carmena tiene la obligación de mantener Madrid limpia y hace bien en revisar los contratos de externalización aprobados por la anterior corporación si cree que el servicio que prestan es malo. Otra cosa es su decisión de aumentar el número de inspectores para que vigilen que los ciudadanos depositen correctamente sus residuos. El problema no se solucionará poniendo el foco en los sufridos usuarios, ni recurriendo a funcionarios sin capacidad sancionadora para atajar los casos de incivismo, ni convocando brigadas voluntarias y concursos de recogida de colillas entre los niños -como llegó a decir-, sino aumentando las plantillas y sus medios.

Según ha divulgado la cadena estatal venezolana de televisión este viernes, el Gobierno de Nicolás Maduro ha decretado un estado de "emergencia económica". Esta medida, que se toma en medio de una crisis de desabastecimiento de alimentos y una inflación de 270%, la más alta del mundo por tercer año consecutivo, permite a Maduro restringir algunas garantías constitucionales importantes. Por ejemplo, el Estado podría establecer un corralito e incluso expropiar empresas públicas y privadas sin necesitar la aprobación del Parlamento. Además, el decreto, que se extiende por 60 días, da pie a Maduro a adoptar otras medidas extraordinarias para "resolver la situación excepcional". Con esta orden, el presidente bolivariano pretende conservar su margen de maniobra, a pesar de su última derrota electoral, para poder seguir llevando a cabo las políticas que han conducido a Venezuela al desastre. Una vez más, los chavistas intentan blindar el régimen, esta vez con la excusa de proteger la economía.