En un gesto inédito, Carles Puigdemont ha tomado posesión de su nuevo cargo como presidente de la Generalitat sin jurar lealtad ni al Rey ni a la Constitución, como es preceptivo. En un mensaje cargado de insinuaciones, Puigdemont sólo se refirió a la voluntad del pueblo de Cataluña y llegó a afirmar que los catalanes están “ahogados, desatendidos y despreciados” por el Estado español. Que el nuevo presidente haya aprovechado la toma de posesión para sugerir la hoja de ruta independentista que pretende tomar el Govern no sorprende a nadie. Lo que resulta incomprensible es la reacción del ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, al que se le pudo ver aplaudiendo las manifestaciones de Puigdemont. El ministro hizo bien en estar presente en un acto institucional como es la toma de posesión del presidente de la Generalitat. Sin embargo, ni siquiera la cortesía justifica su aplauso tras la ofensa que constituyó la ceremonia. Los servicios jurídicos del Estado analizan ahora si el comportamiento de Puigdemont merece algún tipo de impugnación.

Las informaciones periodísticas que señalan que Podemos ha recibido entre dos y cinco millones de euros del Gobierno iraní y que la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía ha reunido documentación que lo acredita obligan a Pablo Iglesias a explicar con detalle sus vínculos con el régimen de Teherán. Es cierto que ya se interpuso el año pasado una querella contra Iglesias por blanqueamiento de capitales y falseamiento de cuentas y que el Supremo la rechazó por falta de consistencia. Sin embargo, la simple relación con un país como Irán, que no respeta derechos fundamentales, es lo suficientemente embarazosa como para que Podemos aclare en todos sus extremos las posibles irregularidades. Lejos de ello, el líder de Podemos echó balones fuera este martes cuando se le preguntó por el caso. Ironizar con que está "encantado" de que la UDEF le investigue y limitar las preguntas para que no tener que responder por este asunto queda mucho más cerca de la vieja política de lo que cabe esperar de un partido que presume de abanderar la regeneración.

El atentado suicida presuntamente perpetrado por el Estado Islámico en el corazón de Estambul demuestra que el terrorismo islamista va a seguir golpeando en su afán desestabilizador. Como respuesta al ataque que ha dejado al menos diez fallecidos y quince heridos, el Gobierno turco ha impuesto un control informativo sobre todos los medios y las redes sociales. No es la primera vez que el primer ministro Tayyip Erdogan emplea este tipo de medidas: tras el atentado en Ankara el pasado octubre en el que murieron un centenar de personas, el Gobierno censuró la información y bloqueó Twitter en varias zonas del país. En una entrevista con EL ESPAÑOL, el jefe de la delegación del periódico turco Today's Zaman en Ankara explica que aunque se puede citar a los poderes públicos, queda prohibido criticar la gestión del Gobierno o mencionar algún aspecto de la investigación. La normativa también se aplica a las redes sociales. Ese ataque a la libertad de información por parte de un país que pretende entrar en la Unión Europa es inadmisible. La amenaza yihadista no es excusa para utilizar medidas que coartan los derechos básicos.