El régimen de Pyongyang ha vuelto a desafiar a la comunidad internacional con un ensayo de bomba nuclear. Esta vez, según la propaganda oficial, el artefacto habría sido de hidrógeno, más potente -y mortífero- que las bombas atómicas convencionales. El episodio pretende ser una demostración de fuerza de puertas adentro y de puertas afuera. Kim Jong-intenta conseguir, por la vía de la intimidación, un mejor trato de las grandes potencias que permita aliviar la difícil situación interna y, de paso, dejar claro que no tolerará intromisiones que puedan desestabilizar el statu quo.

Por lo pronto, sólo ha cosechado la denuncia general, particularmente de los países vecinos en la zona: Corea del Sur, China y Japón. Pero también de Estados Unidos y de Rusia , que ya reclaman sanciones para el régimen política y socialmente más aislado de la Tierra."Que el mundo vea este Estado fuerte, autosuficiente, en posesión de la bomba nuclear", ha manifestado Kim Jong-un, triste continuador de la enajenada trayectoria de su padre. Aunque existen dudas de que esta explosión nuclear -la cuarta en la historia de Corea del Norte- proceda de una bomba de hidrógeno, lo que está claro es que el paso dado ahora supone una nueva amenaza a la seguridad internacional y una violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, que este miércoles ha condenado por unanimidad los hechos. Pyongyang se expone a nuevas sanciones, algo que poco importa a la casta dirigente, que controla con puño de hierro el país y que vive ajena a las hambrunas y a los padecimientos de la población.

Quienes han podido escapar del horror, como Hyeonseo Lee, una joven que ha publicado recientemente sus memorias, dan cuenta de una sociedad comunista asfixiante, en la que el culto al líder es una religión, y los campos de concentración y las ejecuciones públicas están a la orden del día. La comunidad internacional tiene que hacer un esfuerzo para que Corea del Norte deje de ser una amenaza para el mundo y un lugar en el que se respeten los derechos humanos.

Los ataques sexuales a un centenar de mujeres cometidos esta Nochevieja en Colonia por grupos de personas de origen magrebí han obligado a Angela Merkel a salir al paso de las críticas hacia su supuesta política de permisividad con los inmigrantes y refugiados. Para salir del atolladero y tratar de aliviar el malestar de la opinión pública, la canciller ha culpado al resto de países de la UE de carecer de unos controles fronterizos competentes que hagan cumplir las propias leyes comunitarias. El asunto es muy delicado porque se presta fácilmente a la manipulación y a la xenofobia, y porque puede contribuir a presentar a los refugiados como un colectivo socialmente peligroso, pese a que han tenido que huir de su país en busca de un futuro para sus familias. Lo que, de cualquier modo demuestra esta situación, es que Europa aún está lejos de definir su política de inmigración.

El abogado del turno de oficio que le ganó el juicio a Telefónica por no tratar como debiera a uno de sus clientes, aconseja hoy en las páginas de EL ESPAÑOl cómo acabar con los abusos de las grandes compañías de servicios. Luis Alfonso Canales, que cobró 416 euros por un caso que se resolvió en el Tribunal Supremo tras casi cuatro años de pleito, aconseja a los clientes que reclamen por escrito, con cartas certificadas, así como que se guarden la documentación que pueda ayudar a demostrar la veracidad de sus demandas. En demasiadas ocasiones los ciudadanos de a pie se sienten desamparados ante las poderosas maquinarias de las grandes empresas, pero el ejemplo de este abogado puede servir de guía para poner punto final a esa indefensión.