La idea de grabar en el Palacio Real el mensaje de Nochebuena del Rey y no en La Zarzuela, como se ha hecho siempre, ha sido un gesto de Felipe VI con el que quería ensalzar la grandeza de la Historia de España y reivindicar ese legado como patrimonio de todos. El problema es que ese guiño a los ciudadanos no quedó después claro en el discurso y ha dado pie a malinterpretaciones. Sobre todo en las redes sociales se han registrado muchísimas críticas a lo que se entiende como una imagen de lujo y ostentación, cuando muchas familias atraviesan una mala situación como consecuencia de la crisis. El cambio de escenario pretendía ser un símbolo en positivo, pero ha acabado volviéndose en contra del monarca. Los asesores del Rey tendrán que ponderar más esos factores en adelante.

El Tribunal Constitucional que preside Pérez de los Cobos ha desestimado la cuestión de constitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia sobre la Ley valenciana de Protección de la Maternidad. Esta norma, que fue aprobada en 2009, permite a la Administración educativa considerar el embarazo de la madre de familia a la hora de conceder puntos para que otro hijo acceda a un colegio público. El TC ha concluido que la regulación autonómica no vulnera la legislación básica estatal porque respeta los requisitos prioritarios que ésta fija. La decisión del Constitucional es acertada, ya que dentro de los parámetros de calificación para acceder a una plaza escolar pública, el embarazo de la madre es un criterio que debe valorarse. Llama la atención que el TC, que tiene pendiente de resolver desde hace más de cinco años el recurso del PP contra la reforma socialista del aborto, anude la concesión de beneficios sociales al hijo aún no nacido.

El Tribunal Supremo ha condenado a Telefónica a indemnizar a un cliente con 7.500 euros por haber comunicado sus datos personales a dos registros de morosos tras el impago de una deuda que la compañía fijó unilateralmente y que estaba en proceso de arbitraje. La empresa multinacional que preside César Alierta sabía que el cliente en cuestión había mostrado su disconformidad con el servicio y las facturas emitidas, y que había sometido la cuestión a la Junta Arbitral cuando incluyó al cliente en la lista de morosos. La desvergüenza de la empresa es mayúscula, ya que esta comunicación se realizó sin que Telefónica informase a la persona en cuestión de que en caso de no abonar la factura informaría a los registros de morosos, como le ordena la ley. Que el demandante tuviera que llegar hasta el Supremo para limpiar su nombre, con la considerable pérdida de tiempo y dinero que esto supone, es un reflejo del abuso que muchos clientes sufren a manos de las grandes compañías de servicios en España.