Cerca de 5.000 familias que invirtieron sus ahorros e incluso pidieron créditos al calor del boom de la energía fotovoltaica se han unido para defender sus intereses tras haberlo perdido todo. Muchos son agricultores y ganaderos que, tal y como hoy contamos en EL ESPAÑOL, vieron la oportunidad de cambiar el pajar o el establo por paneles solares. Los bancos daban dinero fácil y el propio Gobierno animaba a invertir. "El Sol puede ser suyo", decían los folletos del Ministerio de Industria y Energía durante el Gobierno de Zapartero. El Estado promocionaba a bombo y platillo los pasos para conseguir generosas ayudas de la Administración. Pero, como en el cuento de la lechera, el estallido de la burbuja solar acabó dejando en la ruina a cientos de personas. Nadie les empujó a invertir en energías renovables, pero el Gobierno ayudó a confundirles con su entusiasmo y su compromiso formal con la reducción de emisiones contaminantes. El Ministerio de Industria que ahora dirige José Manuel Soria debería, al menos, escuchar sus argumentos.

2015 ha sido un gran año para el “equity crowdfunding”. En 2014, se temía que la nueva regulación que se anunció para este modo de financiación que permite a particulares convertirse en accionistas de proyectos emprendedores fuese a frenar su desarrollo. Las nuevas medidas incluían la obligación de registrarse en la Comisión Nacional del Mercado de Valores y contar con un capital social mínimo de 60.000 euros, además de la limitación en la inversión para inversores no acreditados. Sin embargo, después de la regulación vino la calma, y tras su entrada en vigor en abril la inversión ha crecido hasta rozar los 10 millones de euros entre las principales plataformas de captación. De estos 10 millones, 3,6 millones fueron recaudados por este periódico en una campaña de crowdfunding a la que acudieron más de 5.500 socios. Estos datos hay que celebrarlos, ya que la existencia de una alternativa real a la financiación bancaria tradicional es una buena noticia para todos los emprendedores.

En los últimos meses, Burundi se ha visto sacudido por una ola de violencia que recuerda los peores episodios de la historia del país. La tensión comenzó cuando Pierre Nkurunziza, presidente desde 2005, anunció en abril de este año que se presentaría para un tercer mandato, lo que es una violación directa de la Constitución. Desde entonces el país se ha dividido entre aquellos que apoyan al presidente y los que protestan por esta decisión. Cientos de personas han muerto en enfrentamientos y más de 250.000 burundeses han huido a países vecinos. Varias organizaciones de derechos humanos han denunciado al Gobierno por ejecutar y detener arbitrariamente a los opositores, pero a pesar de este derramamiento de sangre la comunidad internacional se ha limitado a llamar al diálogo. El pequeño país de Africa Oriental ya ha sufrido dos genocidios, uno en 1972 y otro en 1993. En ambos casos los organismos internacionales intervinieron demasiado tarde para frenar el exterminio. Esta vez tienen que asegurarse de que una tragedia semejante no vuelve a producirse.