El Gobierno destinará a Cataluña el 38,5% del presupuesto destinado a sufragar el déficit no esperado de las Comunidades Autonómas. En lugar de castigar su derroche, el Fondo de Liquidez Autonómica, controlado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, volverá a financiar a una Generalitat que, volcada en la apuesta soberanista, ha generado un desfase no presupuestado de 3.000 millones de euros en sus cuentas, el más alto entre todas las Comunidades. La irresponsabilidad económica de Artur Mas ya quedó reflejada en los 1.300 millones de euros de deuda pública que su Ejecutivo olvidó contabilizar en 2013. Ahora el Gobierno anuncia que controlará mes a mes, factura a factura, el dinero que entregará a la Generalitat. Se trata de una medida que debería haber tomado mucho antes y no a un mes de las elecciones. Con esta nueva partida del FLA, los españoles volveremos a pagar el precio de la locura independentista de Mas, que ha puesto más interés en financiar su órdago separatista que en controlar sus propias cuentas.

Como desvela hoy EL ESPAÑOL, la mayor parte de la oferta de alojamiento de Airbnb en Madrid y Barcelona está fuera de la ley. Concretamente, el 64% y el 91% respectivamente. Según los datos recopilados por este periódico, más del 90% de las residencias anunciadas en la capital se pueden alquilar por menos de cinco días, lo que está prohibido por el decreto de la Comunidad que regula los apartamentos turísticos y las viviendas para este uso. Airbnb ha asegurado que no le atañe esta legislación, ya que promueve la “economía entre particulares”. Esto no es del todo cierto. En los últimos años, lo que empezó como un foro donde los no profesionales podían alquilar sus viviendas ha tomado un giro más empresarial, ya que compañías del sector del alquiler de corta estancia han introducido su negocio en la plataforma. Estas entidades tienen decenas de pisos y habitaciones anunciados. La incapacidad de la Administración de elaborar leyes que se adapten a este nuevo escenario favorece la competencia desleal y contribuye a que Airbnb pierda el carácter colaborativo que le hizo tener tanto éxito en sus inicios.

Un país serio no puede permitirse la existencia de barrios como Las Vegas y algunas zonas de las Tres Mil Viviendas, en Sevilla, con vecinos no están censados, domicilios ilegales, plazas que sirven de vertederos y tiroteos por la calle. En 2005, el Gobierno central, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla pusieron en marcha un proyecto de rehabilitación para el Polígono Sur, que engloba estas dos barriadas, para corregir el alto nivel de exclusión social de la zona. A pesar de la mejora lograda en la mayor parte del distrito, diez años después los avances apenas pueden percibirse en los sectores más conflictivos, donde no existen tiendas y no entra ni siquiera el cartero. En el recorrido de EL ESPAÑOL por estos suburbios donde el paro supera el 80% y un tercio de sus habitantes son analfabetos, hay vecinos que se preguntan dónde están los más de 50 millones de euros destinados a la rehabilitación en la última década. Las tres administraciones concernidas, que llevan prometiendo reformar el Polígono Sur desde 2005, no pueden ponerse de perfil. El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, tiene que ser resolutivo y poner todos los medios para acabar con estos guetos