La desaparición de Gabriel Elorriaga de las candidaturas del PP es un símbolo que explica por sí solo la historia reciente de este partido. En realidad, quien fue estrecho colaborador de Aznar y persona de la máxima confianza de Rajoy, el político brillante que estaba llamado a ser ministro o vicepresidente de cualquier Gobierno conservador, firmó su final en 2008. Ese año, tras la segunda victoria electoral de Zapatero y en vísperas del congreso de los populares, escribió un artículo en el que reclamaba "un liderazgo renovado, sólido e integrador", algo que, según dijo entonces, "Mariano Rajoy no está en condiciones de ofrecer". Lo que ocurrió después es de sobra conocido: Rajoy ganó ese congreso y Elorriaga dejó sus responsabilidades en la dirección y pasó a ser un diputado raso. El fin de Elorriaga es la crónica del PP que pudo ser y no fue: un partido con una nueva generación de políticos al frente. Las listas que Rajoy presenta para el 20-D sepultan esa renovación.

Tras reanudarse en Madrid las polémicas obras del complejo de Canalejas, el Ayuntamiento ha anunciado el inicio de la demolición del Edificio España pese a que el proyecto que debe salvar las zonas protegidas del conjunto aún está pendiente de aprobación. A día de hoy, tan solo está blindada la fachada del edificio, después de que Ana Botella e Ignacio González decidieran sacarlo de la categoría de Bien de Interés Cultural para facilitar su venta. Manuela Carmena, que podría evitar la pérdida devolviendo el inmueble a la lista de edificios protegidos, ha decidido ejecutar el proyecto del PP: la creación de un centro comercial, un hotel y miles de viviendas por parte de Wang Jianlin -el hombre más rico de China-, que convertirá un elemento patrimonial en una simple cáscara, como ha ocurrido en Canalejas. Un total de 72.000 ciudadanos han firmado un documento en el que piden a la alcadesa que vuelva a proteger el icono de la Gran Vía. Carmena, que dice priorizar su relación con los ciudadanos, ha adelantado a EL ESPAÑOL que no atenderá esta petición. Está claro que la conservación del patrimonio histórico de la ciudad que gobierna no es su prioridad.

Carlos Vecchio, jurista y número dos del partido venezolano que encabeza Leopoldo López, ha denunciado ante el Tribunal Penal Internacional de La Haya las numerosas violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen de Nicolás Maduro. El compañero de López, que lleva un año y tres meses exiliado en Miami, se refiere en su denuncia a asesinatos, casos de tortura y persecuciones por discrepancia política. Tal y como ha solicitado Vecchio, es urgente que la justicia internacional intervenga antes de las elecciones venezolanas del próximo 6 de diciembre; unos comicios en los que, según el opositor, podría correr la sangre. En una entrevista con EL ESPAÑOL, el jurista explica que se vio forzado a salir de su país por sus convicciones políticas, algo que debería ser inadmisible en el siglo XXI. La anulación de la candidatura electoral de Vecchio recalca la pésima calidad democrática de un país que encarcela a los líderes de la oposición. Es hora de que el Tribunal Penal Internacional de La Haya abra una investigación para esclarecer los crímenes contra la Humanidad de los que se acusa a Maduro y a su Gobierno.