La decisión de la Audiencia Nacional de apartar del tribunal que juzgará el caso Gürtel a Enrique López (en la imagen) y Concepción Espejel pone en evidencia la perversión de un sistema que hay que cambiar. Ambos han sido recusados por su estrecha y continuada relación con el PP, que los propuso como miembros del Consejo General del Poder Judicial. Estas recusaciones demuestran que el proceso habitual de entrada en el órgano de gobierno de los jueces, mediante el padrinazgo de un partido, da lugar a magistrados de dudosa apariencia de imparcialidad. En el caso de López, también accedió al Constitucional de mano del PP y ha impartido 68 seminarios en FAES. De Espejel es conocida su amistad con Cospedal. La permanencia de estos magistrados en el tribunal que debe juzgar la trama Gürtel ensombrecería el proceso. Por una cuestión de coherencia, ambos jueces deben ser apartados también del tribunal que juzgará sobre los papeles de Bárcenas. La recusación de la Audiencia Nacional debería avergonzar al PP, que presentó alegaciones y defendió la permanencia de López y Espejel en el caso.

El 'caso Asunta' ha sido uno de los procesos que más han conmovido a la opinión pública debido a la naturaleza particularmente execrable del crimen. Rosario Porto y Alfonso Basterra han sido declarados culpables de drogar durante meses a su hija, de 12 años, y de planear y perpetrar su asesinato. La unanimidad del veredicto no deja lugar a dudas sobre la culpabilidad de ambos. Sin embargo hay lagunas en el fallo que no pueden pasarse por alto. Principalmente, el jurado mantiene que Basterra podría haber estado en el coche que trasladó a la pequeña al lugar donde luego fue asfixiada, y da por hecho que ayudó a moverla y que estaba presente en el momento del crimen, pero no se basa en pruebas concluyentes. No era necesario situar a Basterra en la casa donde Asunta fue asfixiada para considerarlo coautor, ya que durante meses fue quien compró los sedantes que suministraban a la pequeña. Ni siquiera la Fiscalía aludió a la presencia de Basterra en el chalé donde la pequeña fue asesinada. La insistencia del jurado popular en situarlo en la casa parece innecesaria y dará pie a que las defensas recurran el veredicto. Estas imprecisiones, y otras razones como el elevado coste de su funcionamiento, vuelven a poner en entredicho la institución del jurado popular.

La delincuencia organizada surgida en torno al sector inmobiliario en Terrassa que desvela EL ESPAÑOL pone de manifiesto la existencia de auténticas mafias del alquiler de patada en la puerta. Su actividad es posible, principalmente, porque aprovechan las garantías legales que protegen a las víctimas de los desahucios. Los delincuentes instruyen a su inquilinos en el modo más eficaz de llevar a cabo las okupaciones para que los procesos se dilaten y la policía no pueda expulsarlos de las viviendas. Para ello cuentan, a su favor, con la presión que la ley de vivienda catalana ejerce sobre los bancos, que pueden ser multados si no alquilan los pisos vacíos que poseen. El fenómeno de los alquileres por invasión es esgrimido por el Ayuntamiento de Terrassa para apremiar a los bancos a dar sus pisos en alquiler social. Ni el alcalde de este municipio barcelonés, Jordi Ballart, ni ningún otro responsable político pueden pretender que la solución a los problemas de vivienda pase por la ocupación ni por intimidar a las entidades financieras.