Luis Bárcenas y el diputado nacional del PP por Lérida José Ignacio Llorens Torrens invirtieron en 2004 una cuantiosa suma para edificar 38 chalés de lujo en Baqueira con el objetivo de dar un pelotazo millonario. Se da la circunstancia de que Llorens aparece por partida doble en la contabilidad B del PP: una como supuesto gestor de una donación de 30.000 euros de una constructora y otra como perceptor de 6.000 euros. Aunque no salió adelante, esta operación inmobiliaria entre el extesorero y el único diputado que el PP tiene en la provincia catalana vuelve a poner de manifiesto que los negocios y actividades de Bárcenas se producían siempre en relación a su posición orgánica dentro del partido y no al margen de él, como mantiene Génova. Que la promoción, que requería licencias urbanísticas, se auspiciara en la zona de influencia natural del mismo diputado popular que aparece en los papeles de la financiación irregular es motivo suficiente para que Llorens no vaya en las listas. Además, refuerza la idea de que no puede entenderse a Bárcenas sin el PP, sospecha extendida desde que salieron a la luz los famosos SMS de apoyo de Mariano Rajoy.

Las medidas propuestas por Rafael Catalá para garantizar la aplicación de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que debe entrar en vigor en diciembre, ni convencen a los vocales del Consejo Fiscal ni han servido para mitigar la oposición frontal de la mayoría de miembros de la carrera fiscal. Rafael Catalá incurre en una ingenuidad evidente al pretender que una simple mejora de las bases de datos sobre el vencimiento de las causas y el adiestramiento de los secretarios judiciales permitirá a los representantes del Ministerio Público multiplicar su capacidad de trabajo y revisar hasta un millón de diligencias previas antes de junio. Nadie pone en duda la necesidad de evitar que muchas instrucciones se eternicen, pero el problema estructural de la Justicia española, que es la falta de plantillas y medios materiales y humanos, no se soluciona con voluntarimo. Esta modificación normativa inaplicable, sobre todo, en un periodo tan corto como el previsto por el Gobierno.

El PP presentará en el Congreso del Partido Popular Europeo una propuesta de urgencia, que firmarán líderes como Merkel, Juncker y Sarkozy, para que la UE declare de manera inequívoca que cualquier Estado miembro que proclame de manera unilateral su independencia quedará automáticamente fuera de la Unión y no será reconocido por ningún socio. La resolución del PP no sería necesaria de no ser por el empeño de Artur Mas y el bloque soberanista en confundir a la sociedad sobre las consecuencias jurídicas de la secesión. Los dirigentes independentistas y sus terminales mediáticas insisten en que una Cataluña desgajada de España podría seguir gozando de los beneficios de una Europa unida. La ceremonia de la confusión ha sido tan persistente que incluso Mariano Rajoy se mostró indecisó al respecto en la famosa entrevista que le hizo Carlos Alsina. Ahora su partido quiere, a través del PPE, que la UE ponga los puntos sobre las íes.