Opinión El merodeador

Merodeos

20 octubre, 2015 01:39

Artur Mas se queda sin coartada ante el TSJ catalán

La declaración en el TSJ catalán de la directora de instituto que se negó a abrir las puertas el 9-N ha dinamitado la defensa de Artur Mas. El presidente en funciones, su ex vicepresidenta Joana Ortega y la consejera Irene Rigau aseguran que sí acataron la suspensión de la consulta decretada por el Constitucional y achacan al empeño exclusivo de los voluntarios su celebración. El testimonio de Dolores Agenjo echa por tierra esta coartada. La exdocente ha explicado que la empresa que intentó introducir en su instituto el material necesario para desarrollar el simulacro de referéndum le mostró un albarán de la Generalitat, que sufragaba los gastos. Otra cuestión clave para determinar la responsabilidad de Mas y sus consejeros es verificar el motivo de la compra de 7.000 portátiles utilizados durante el proceso. Los imputados aseguran que se trataba de material docente adquirido para el curso, pero ni un solo ordenador fue entregado al centro que dirigía esta testigo de cargo.

Un preacuerdo que genera más recelos que tranquilidad

Lejos de reparar un error histórico, como pomposamente ha celebrado el ministro de Exteriores, el preacuerdo suscrito con John Kerry para la retirada de los restos radiactivos de Palomares resulta tan inconcreto que genera más recelos que tranquilidad. Hace 50 años cuatro bombas nucleares cayeron sobre esta población almeriense como consecuencia de un choque aéreo entre un avión cisterna y un B52. Aunque ninguna estalló, las radiaciones liberadas por dos artefactos contaminaron con plutonio 50.000 metros cúbicos de tierra, según revelaron estudios de seguimiento en los años 90. Luego se comprobó que los movimientos de tierra derivados de la burbuja inmobiliaria esparcieron polvo radiactivo. La firma es una mera declaración de intenciones sin validez jurídica, sin plazos, sin concreciones y sujeta a salvedades de todo tipo. Tanta opacidad sólo contribuye a despertar viejos temores y dudas sobre el nivel de contaminación atómica, que el Gobierno debe despejar. Es ridículo que García-Margallo presente un preacuerdo tan vago como prueba de las buenas relaciones con EEUU.

Las universidades deben explicar su actitud hacia ETA

Las sospechas fundadas de que la Universidad Pública del País Vasco y el centro de Bergara de la Universidad a Distancia admitieron a terroristas de ETA que falsificaron burdamente la documentación de ingreso deben esclarecerse. De confirmarse esta denuncia del colectivo Covite, presidido por Consuelo Ordóñez, los dos centros educativos deberían pedir perdón a las víctimas, al resto de alumnos que sí aportaron sus papeles en regla y a la sociedad vasca en su conjunto. Es intolerable que dos universidades burlen la ley para admitir como alumnos a algunos de los terroristas más sanguinarios de ETA como Del Río, Kubati, o De Juana Chaos. Es absurdo que estos centros intenten pretextar que fueron engañados, teniendo en cuenta que los terroristas compartían DNI falsos, como por ejemplo el 33333333, se matriculaban en clases presenciales a las que lógicamente no podían acudir y falsificaban las pruebas de acceso a la universidad de las que carecían. La ridiculez y lo poco sofisticado de los documentos de ETA hace inverosímil que ninguna de las dos universidades advirtiera la irregularidad durante décadas.

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