EEUU deporta a presuntos miembros del Tren de Aragua para ser encarcelados en El Salvador. Reuters
Revés para Trump: la Corte Suprema de EEUU suspende las deportaciones basadas en una ley del siglo XVIII
El presidente estadounidense, Donald Trump, invocó el mes pasado la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para arrestar a supuestos miembros del Tren de Aragua.
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La Corte Suprema de Estados Unidos suspendió el sábado la deportación de varios supuestos pandilleros venezolanos desde Texas -acusados de ser miembros del Tren de Aragua- a una prisión salvadoreña decretada en virtud de una ley del siglo XVIII. "Se ordena al Gobierno no expulsar de Estados Unidos a ningún miembro de la presunta clase de detenidos hasta nueva orden de este Tribunal", dijeron los jueces en una decisión breve y no firmada.
El presidente estadounidense, Donald Trump, invocó el mes pasado la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para arrestar a supuestos miembros del Tren de Aragua y deportarlos a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador.
Los abogados del sindicato por las Libertades Civiles (ACLU)presentaron solicitudes urgentes el viernes en varios tribunales, incluida la Corte Suprema, instando a una acción inmediata después de informar que algunos de los hombres ya habían sido subidos a autobuses y se les dijo que iban a ser deportados.
La ACLU dijo que los rápidos acontecimientos significaban que la administración estaba a punto de deportar a los hombres utilizando una ley de 1798 que históricamente se ha empleado solo en tiempos de guerra sin brindarles una oportunidad realista de impugnar su deportación, como lo había requerido la Corte Suprema.
Su deportación sería la primera desde el fallo de 5 a 4 de la Corte Suprema que permitió las expulsiones bajo la ley de 1798, al tiempo que especificó que "la notificación debe darse dentro de un tiempo razonable y de tal manera que les permita realmente buscar el recurso de hábeas corpus en el lugar apropiado antes de que ocurra dicha expulsión".
La Corte Suprema no indicó con cuánta antelación se debería dar el aviso. Abogados de todo el país han solicitado que se les dé a los migrantes 30 días de aviso para que puedan impugnar sus deportaciones.
El caso plantea interrogantes sobre el apego de la administración Trump a los límites establecidos por la Corte Suprema. Conlleva el riesgo de un choque significativo entre los dos poderes del gobierno y una potencial crisis constitucional en toda regla.
