Un avión militar de EEUU trasladó a migrantes detenidos -calificados por el gobierno como “criminales altamente peligrosos”- desde un lugar no revelado en el país hacia el centro de detención de Guantánamo el 4 de febrero. Reuters
Un juez le para los pies a Trump: no podrá usar el Pentágono para saltarse las restricciones a las deportaciones masivas
El tribunal prohíbe al gobierno de Estados Unidos trasladar inmigrantes con el Ejército para eludir los controles judiciales y obliga a garantizar el derecho a apelar antes de enviarlos a terceros países.
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Un juez federal de Massachusetts ha asestado este miércoles un nuevo revés a la política migratoria de Donald Trump, al prohibir al Gobierno utilizar al Departamento de Defensa para llevar a cabo deportaciones que eluden las restricciones impuestas por los tribunales.
La decisión bloquea una maniobra del Ejecutivo que pretendía emplear vuelos militares para trasladar a inmigrantes a terceros países sin las garantías legales establecidas.
El juez Brian E. Murphy, nombrado por el presidente Joe Biden, dictaminó que la orden judicial vigente también se aplica al Pentágono, pese a que inicialmente iba dirigida al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
La resolución surge tras las denuncias de organizaciones de defensa de inmigrantes, que advirtieron que la Administración Trump planeaba enviar migrantes a Libia utilizando aviones militares, evitando así los requisitos procesales que sí rigen para las deportaciones gestionadas por el DHS.
“La corte no ve ninguna duda: las expulsiones inminentes que se reportan claramente violarían esta orden”, escribió Murphy en su fallo, al que tuvo acceso The Washington Times.
El juez subrayó que cualquier traslado a un tercer país, es decir, uno del que el migrante no sea ciudadano, requiere una notificación formal en un idioma que la persona entienda y la oportunidad real de presentar un recurso de protección.
La batalla legal se intensificó después de que los abogados de varios inmigrantes presentaran una solicitud de emergencia para detener los vuelos al norte de África, alegando que Libia no es un destino seguro.
Según documentos presentados ante la corte, empleados del DHS estaban presionando a los migrantes para que firmaran formularios en los que supuestamente aceptaban la deportación.
La Administración argumentó que el Pentágono no estaba sujeto a las restricciones impuestas al DHS, ya que no es parte demandada en la causa.
De hecho, reconoció que el 31 de marzo había deportado, a través del Departamento de Defensa, a varios migrantes, incluidos un delincuente sexual registrado y miembros de la pandilla Tren de Aragua, en un vuelo sin personal del DHS a bordo.
“El Departamento de Defensa no fue dirigido por el DHS para realizar esas expulsiones”, sostuvo el Departamento de Justicia en su escrito.
Pero para el juez Murphy, esta interpretación era una trampa legal. Ya el pasado 30 de abril había ampliado su orden inicial para dejar claro que ninguna agencia podía recibir la custodia de los inmigrantes y realizar deportaciones sin respetar las nuevas normas.
La decisión de este miércoles reafirma que la prohibición incluye expresamente al Pentágono: “El Gobierno no puede transferir la responsabilidad a otra agencia para eludir las garantías mínimas de proceso establecidas por la corte”, advirtió el magistrado.
Con ello, el juez frena una estrategia de la Casa Blanca que buscaba agilizar las expulsiones a terceros países considerados “seguros” por la Administración Trump, pero cuestionados por defensores de derechos humanos.
Este fallo representa otro obstáculo para la agenda migratoria del presidente republicano, que ha insistido en acelerar las deportaciones y ampliar el uso de acuerdos de “tercer país seguro” con naciones de América Latina y África.
Para los activistas, la decisión es una victoria que impide “expulsiones encubiertas” a lugares donde los migrantes podrían enfrentarse a violencia o persecución.
La Casa Blanca no ha reaccionado oficialmente al fallo, pero fuentes del Departamento de Justicia indicaron que estudian posibles vías para apelar.
Mientras tanto, los abogados de los inmigrantes celebraron la resolución como una “defensa esencial del debido proceso” en un contexto de creciente presión política y legal sobre los sistemas de inmigración.
