Rute Zúñiga, una de las 270.000 mujeres esterilizadas forzadamente durante la dictadura de Alberto Fujimori, ha demandado a Perú ante CEDAW, el comité de Naciones Unidas para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

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Entre los años 1996 y 2001, decenas de miles de mujeres, en su mayoría indígenas o de sectores campesinos de la sierra del Perú, fueron esterilizadas como parte de una política sistemática que el gobierno del expresidente Fujimori implementó para controlar el número de nacimientos en el país.

Junto a los abogados del despacho chileno “Justicia y Reparación”, Christian Berndt y Mario Candia, firmo, como la abogada Cruz Sánchez de Lara, la demanda probono, con el apoyo de la Academia de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Humanitario de la American University de Washington.

En su casa en Pampaconga enseña a tejer flores a sus compañeras.

“A pesar de todo, aún hay razones para la esperanza”. Rute Zúñiga, es una mujer peruana de 50 años. Sus facciones la identifican. Por si hubiera lugar a la duda, lleva su tierra por bandera. Su cabello largo siempre está recogido en una trenza, bajo su elegante y típico sombrero “chuco” de copa alta, que lucen las mujeres en la zona de Cusco. El chuco es un símbolo.

Cuentan que las mujeres de las zonas rurales, cuando caminaban solas por caminos peligrosos e intuían un riesgo, lanzaban su sombrero al aire en señal de alarma. Pero en su caso, el peligro dio paso a la brutal violación de sus derechos. Bajo el rostro y la actitud de dignidad, está el daño irreparable, ese que clama reparación. Su historia dramática, su fuerza y su liderazgo la convirtieron presidenta de la Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (AMPAEF).

Una vida frustrada

Hace ya 22 años, su vida cambió. El día 10 de febrero de 1999, un miércoles cualquiera, un grupo de sanitarios se presentó en su humilde casa, en el poblado de Limatambo, cercano a la ciudad de Cusco. Los funcionarios obligaron a Rute y a Eduardo, su marido a acompañarlos, en ambulancia, al centro médico de Anca, situado a una hora de distancia. La excusa fue la imperiosa necesidad de vacunar a la cuarta de sus hijos, la recién nacida, Ruth. Dejaron a los tres hijos mayores a cargo de familiares.

Al llegar, todo eran indicios de la patraña. Hicieron pasar a Rute, que por entonces tenía 27 años, dejando a Eduardo con Ruth en sus brazos, en una sala de espera. En el interior del centro, se encontró con otras muchas mujeres, quienes, aterradas, comentaban que iban a ser esterilizadas. Rute no quería creer lo que oía. Para ella, como para el resto, aquello frustraba su proyecto de vida. Ella y su marido habían planeado tener más hijos. Querían ampliar su familia.

En su poblado, otros funcionarios sanitarios ya habían tratado de esterilizarla tras el alumbramiento de Ruth, pero ella se había negado. En aquella ocasión, pudo imponer su voluntad. Esta vez ya no conseguiría frenarles. La condujeron, a la fuerza, a una sala donde la desnudaron contra de su voluntad y le pusieron una bata.

Plantón en Lima, ante reunión de la CIDH en 2017

Rute se resistía, con oposición manifiesta, pero de nada sirvió. La forzaron a recostarse en una camilla. Ella no quería. Gritaba e intentaba zafarse por todos los medios, pero ellos no lo permitirían y le ataron una pierna a la camilla. No podía callar ante la barbarie. Sus gritos continuaban, pidiendo ser liberada y vociferando, suplicante, que ella no quería ser esterilizada.

Solo unos minutos después, apareció un médico en la sala. En un descuido del personal, ella intentó, nuevamente, levantarse y huir. El doctor avisó a los funcionarios sanitarios para que la inmovilizaran con fuerza. Les pidió que le sujetaran las muñecas y la cabeza para que él pudiera operar. Para vencer su resistencia, el doctor resolvió anestesiarla, pero no con el fin de paliar el dolor, sino de controlarla. Rute notó el dolor de la intervención, un dolor profundo, inolvidable. Ni el paso de las décadas ha podido borrar de su mente el recuerdo, intenso y nítido, siempre omnipresente de aquel día.

Miedo y silencio

Tras la intervención, la colocaron en suelo de una sala contigua, junto con el resto de las mujeres esterilizadas. Habían pasado apenas unas horas, cuando los sanitarios entraron y la levantaron para conducirla a una ambulancia que la llevó, junto con su marido y su hija, de vuelta a casa. Solo le dejaron veinte pastillas analgésicas.

El miedo flotaba en aquel vehículo durante todo el traslado. Se miraban en silencio, con el corazón y los sueños rotos, con el temor que causa la fragilidad. Eduardo solo le preguntaba:

-¿Has firmado cuando te han dado los “remedios”?

Ella no había firmado ni había consentido. No hubo tratamiento postoperatorio posterior. Sola, con la ayuda de Eduardo, tuvo que quitarse los puntos sin saber hacerlo. Desde aquel día, padece graves dolores, en la zona abdominal, que le han impedido realizar cualquier actividad que implicara un esfuerzo físico significativo.

Reunión con compañeras de la organización en Anta, Cusco.

Aquel 10 de febrero, la vida cambió a la familia Meza Zúñiga. El cuerpo de Rute no volvería a ser el mismo, el proyecto familiar se convirtió solo en un sueño tras la pesadilla y los recursos económicos mermaron. Rute nunca pudo volver a trabajar como antes.

Recientemente, el Estado peruano incorporó a Rute Zúñiga en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO), organismo dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú. Ese reconocimiento no llevó aparejado ningún tipo de reparación para Rute ni para su familia.

Sin investigación penal

No ha existido investigación penal alguna para identificar y sancionar a los responsables de la esterilización forzada. No ha sido indemnizada. Tampoco ha recibido asistencia ni la opción de recibir un tratamiento de salud mental para superar el trauma que persiste.

Rute no presentó, en aquel momento, denuncia o demanda alguna contra el Estado peruano. No tenía forma ni se sintió capaz. En el contexto dictatorial de Perú, en 1999, habría resultado inútil denunciar a los funcionarios de la dictadura, que planearon y ejecutaron la esterilización forzada de miles de mujeres pobres de la zona de los Andes.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos planteó, en varios informes anuales de la época, que los tribunales de justicia peruanos, en aquellos años, carecían de la mínima imparcialidad para resolver cualquier caso que involucrara a funcionarios del gobierno.

En Lima, reunión con Ministro de Justicia, 2019.

Tras el retorno a la democracia en Perú, en 2001, se hizo imposible ejercer acciones patrimoniales contra el Estado, porque el plazo de prescripción de la acción civil ya había expirado al término del régimen de Fujimori.

Hasta el día de hoy, las víctimas de esterilizaciones forzadas en el Perú no han sido reparadas por el Estado. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú creó un Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas en 2016.

Dos décadas después

Tampoco los tribunales peruanos llevado a cabo investigaciones que, tras más de dos décadas, hayan permitido identificar y sancionar a quienes diseñaron e implementaron esta política. De hecho, en marzo de 2021, ha tenido lugar una primera audiencia de juicio, en la que, la Fiscalía Nacional de Perú formalmente acusó al expresidente Fujimori por delitos asociados a las esterilizaciones forzadas cometidas durante su gobierno.Ha sido un gran triunfo para las víctimas, pero según Rute Zúñiga, “llega muy tarde, tan tarde, que ya no parece justicia”.

Finalizado el régimen de Fujimori, ningún funcionario del Estado peruano se acercó a ella para ofrecerle una explicación. Pero, con el tiempo, Rute se dio cuenta que había sido víctima de una grave violación de derechos humanos.

En reunión ante CIDH, en Lima, 2017.

Pese al daño ocasionado a su autoestima, ella se decidió a actuar. Recorrió la zona de Cusco, en pleno altiplano, y reunió un conjunto de mujeres que, como ella, fueron esterilizadas a la fuerza por el Estado en aquellos cinco años. Junto con ellas creó la señalada Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (AMPAEF).

A la cabeza de este colectivo, Rute Zúñiga experimentó una transformación profunda. Pasó de ser una mujer tímida y temerosa, a ser una activista de derechos humanos.

-“A pesar de todo, aun hay razones para la esperanza”.

Hace apenas unos meses, Rute Zúñiga contactó a “Justicia y Reparación”, un despacho de abogados de Chile, especializado en litigios internacionales de derechos humanos. Los abogados asumieron su defensa y optaron por presentar una denuncia ante el Comité CEDAW, que se redactó en el marco del trabajo del Master en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la American University, siendo suscrita por tres de sus integrantes. Firmo, como la abogada Cruz Sánchez de Lara, la demanda, junto a mis compañeros, Christian Berndt Castiglione y Mario Candia Falcón.

La denuncia ha sido presentada, ante el Comité CEDAW, el 21 de abril.Tras su admisión, el Comité CEDAW solicitará un informe al Estado peruano. En caso de que la demanda fuera estimada, el Comité dispondrá que el Estado peruano repare integralmente a Rute Zúñiga y a su familia por todos los daños que le ocasionó la esterilización forzada.