Volkswagen España ha eludido cualquier responsabilidad en el escándalo sobre el engaño en la medición de emisiones de coches de la marca alemana. La filial española ha informado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que las fábricas del grupo en España "se limitan a ensamblar los diferentes componentes que conforman el producto final, uno de los cuales es el motor, que se desarrolla y fabrica íntegramente por Volkswagen AG en Alemania". De esta manera, los responsables españoles cargan cualquier responsabilidad a la central para limitar su actuación únicamente en recibir los motores, ya testados en la central, y colocarlos en sus vehículos.

En un escrito remitido al Juzgado, y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, Volkswagen España, imputada por los delitos de estafa, fraude de subvenciones y delitos contra el medio ambiente, intenta eximir su responsabilidad en el caso y sostiene que es en Alemania donde "se diseña, define y desarrolla la arquitectura de los motores, también de los motores diésel EA 189, tanto en los referente al hardware como al software". El magistrado investiga la venta de coches con un software fraudulento, que permitía a los coches identificar cuándo se estaban midiendo las emisiones de los vehículos y alterar así sus resultados.

El instructor había requerido a la compañía una serie de documentación para ver el alcance de la estafa producida en el seno de la empresa automovilística. Entre otros datos, pidió información acerca de "las funciones vinculadas a los hechos" y la "determinación del personal responsable del mismo". Sin embargo, el grupo no remite estos datos porque "tales hechos se desarrollaron en las fábricas donde se diseñaron y fabricaron los motores que se dicen alterados, ninguna de las cuales pertenece a las empresas del grupo en España”.

Lo califica de error

Sí envía otra documentación, como el listado de los vehículos afectados, y en los que contabiliza en 486.155 pero insiste que el software causante de los errores en las mediciones de NOX (óxido nitroso) "se fabrican para Volkswagen AG por tres proveedores, la compañías Bosch, Conti y Delphi". Dichas compañías son "directamente contratadas" por la central alemana, "sin intervención de ninguna de las sociedades del grupo en España".

Es más, España desconoce los "concretos extremos" que rigen las relaciones entre la empresa y estos tres proveedores. Por tanto, desconoce la identidad de las personas físicas que pudieran, en su caso haber diseñado el software y decidido instalarlo en las centralitas de los motores EA 189. Lo que sí conoce, e informa al juez, es que la matriz alemana ha emprendido una investigación para averiguar tales extremos, con independencia de lo que lleva a cabo la Fiscalía alemana, y de cuyas conclusiones será informado el juez.

En su escrito, la defensa de la compañía recalca que Seat, perteneciente al grupo Volkswagen, ha ordenado el cese de las actividades de venta y distribución de vehículos equipados con los motores afectados hasta que se aclare la situación, además de que será la oficina central la que se encargará de todos los costes necesarios para realizar las "intervenciones necesarias" en los vehículos en cuestión.

Industria limitó su suspensión

Moreno imputó a la compañía, a petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, por presuntamente engañar a los consumidores al hacerles creer que los vehículos que compraban eran más verdes de lo que eran en realidad. "En condiciones normales, estarían emitiendo gases contaminantes muy por encima de los límites permitidos (podrían superar en 40 veces dicho máximo), lo que les inhabilitaría para circular, con el consiguiente perjuicio para su titular", recoge el escrito del Ministerio Público. Dicha manipulación, además, perjudicó a la calidad del aire y provocó un fraude contra el Estado al cobrar subvenciones por sus pocas emisiones.

Entre la documentación remitida al instructor se encuentra una resolución del Ministerio de Industria de fecha 26 de octubre, que limita su suspensión acordada un mes antes en la que se suspendía temporalmente las autorizaciones de fin de serie dadas a la marcas del grupo en relación con el motor diésel EU5, lo que suponía la imposibilidad de matricular cautelarmente ningún vehículo nuevo con estas características. Sin embargo, en su último acuerdo, el departamento que dirige José Manuel Soria permite matricular aquellos coches que a pesar de llevar el motor afectado quede acreditado que no lleve instalado el software en cuestión.