Es el segundo escándalo, con menos afectados que el anterior, pero con un impacto directo en las arcas públicas y que, además, obliga a realizar reuniones nocturnas en la sede del Ministerio de Industria. Volkswagen reconoció anoche que en España circulan 50.000 vehículos con emisiones de Dióxido de Carbono (CO2) superiores a las permitidas.

La nueva “irregularidad”, según la define Volkswagen, la reconoció el vicepresidente mundial de Volkswagen, Javier García Sanz, el español que ocupa el escalafón más alto en la dirección del consorcio germano. Sin embargo, no aclaró cuáles son los modelos exactos incluidos en estos 50.000 vehículos y si están dentro de los 680.000 que ya se vendieron en España con las emisiones de óxido de nitrógeno (NOx) manipuladas. Tampoco dijo cómo se va arreglar esta “irregularidad”.

“Fruto de la voluntad de transparencia y veracidad que hemos adquirido en el marco de las investigaciones internas sobre el asunto de emisiones, he trasladado al ministro Soria el compromiso del grupo Volkswagen de informar puntualmente a las autoridades españolas sobre cualquier novedad que se produzca en relación con este tema”, asegura García Sanz, a través de un comunicado, convirtiéndose así en la cara visible del grupo en la gestión de esta crisis en España.

Asume, además, que Volkswagen se hará responsable de devolver al Estado las ayudas al Plan Pive, el Plan de Incentivos al Vehículo Eficiente que, en conjunto y en sus ocho ediciones, ha supuesto para los Presupuestos del Estado cerca de 1.100 millones de euros. Según Volkswagen, todos los costes de la crisis de las emisiones correrán a su cargo.

En total, en el mundo hay 800.000 coches con las emisiones de CO2 manipuladas, que se suman a los más de 8 millones afectados por el ‘diésel gate’. El coste de este nuevo escándalo es, de partida, de 2.000 millones de euros. El de las emisiones de NOx ya alcanza los 6.500 millones.

¿Cómo devolverá el Pive?

El problema a partir de ahora es cómo se va a articular la devolución de las ayudas del Pive, porque éstas no se conceden a las empresas, sino a quienes compran un vehículo con bajas emisiones de CO2. De hecho, cuando saltó el escándalo a finales de septiembre el ministro Soria ya aseguró que Volkswagen tendría que devolver hasta 1.000 euros (la parte del Pive con cargo a los Presupuestos del Estado) por cada vehículo manipulado, pero luego fue reculando.

Si todos los 50.000 vehículos se hubieran beneficiado del Pive, Volkswagen tendrá que devolver hasta 50 millones de euros, según ha reconocido Soria en una entrevista a RNE. Aunque habrá que ver "vehículo a vehículo".

El Gobierno también ha planteado al grupo alemán la devolución del gasto asociado al Impuesto de Matriculación, porque éste va en función de la eficiencia del vehículo. Según el ministro, Volkswagen está conforme, aunque tampoco ha determinado la cuantía de esta devolución.

Declaraciones de ida y vuelta

“A la empresa no le ha parecido mal que se le reclame, ya que hay un reconocimiento explícito por su parte de que se ha procedido a instalar ese software que no medía correctamente las emisiones”, aseguró el ministro a finales de septiembre.

Soria sólo tardó 24 horas en rectificar y decir que no había nada que devolver. “El software instalado tiene que ver con emisiones de óxido de nitrógeno, las famosas NOx, pero no tiene que ver en modo alguno con las de CO2”, recalcó Soria en Bruselas tras una reunión en Bruselas.

Ahora, una vez asumido el problema del CO2, la solución podría quedar en manos de la Abogacía del Estado que, junto al Ministerio, determinarán cómo se devolverán estas ayudas y cuál será su cuantía final.

Bruselas pide celeridad

La Comisión Europea se quejó ayer de que Volkswagen no le haya informado directamente de los problemas detectados y exigió al fabricante alemán que “acelere su investigación interna”. “Hay que aclarar sin demora qué tipo de irregularidades en las emisiones de CO2 se han encontrado, qué las ha causado, qué coches están afectados, dónde se registraron y qué medidas va a adoptar el grupo para corregir la situación”, reclamó la portavoz de Industria, Lucía Caudet.

El Ejecutivo comunitario no tiene de momento previsto realizar su propia investigación y se limita a “facilitar el intercambio de información” sobre los resultados de las diferentes pesquisas nacionales. “Está en juego la confianza de los ciudadanos y necesitamos tener todos los hechos sobre la mesa”, dijo la portavoz.

La legislación de la UE prevé multas para los fabricantes que sobrepasen los umbrales de emisiones de CO2 autorizados. Pero el Ejecutivo comunitario aclara aún si se plantea activarlas. “Primero tenemos que establecer los hechos”, ha apuntado Caudet. Eso sí, Bruselas cree que el nuevo escándalo Volkswagen no pone en riesgo los objetivos que se ha marcado la UE de recorte de emisiones de gases de efecto invernadero. “Estamos en la buena vía para lograr, incluso superar, nuestra meta de 2020”, señaló la portavoz.