Vista cenital de la segunda máquina pantalladora que ya trabaja en el tramo del Metro de Málaga al Civil.
Así avanza la 'guerra' de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga por la deuda del Metro
La Consejería de Fomento dispone desde el 4 de febrero del requerimiento municipal para que se anule la liquidación de casi 64 millones de euros.
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La guerra por los dineros del Metro de Málaga avanza conforme a la planificación prevista. Y, salvo sorpresa mayúscula, acabará por dirimirse en los tribunales. La Junta de Andalucía cuenta desde el pasado 4 de febrero con el requerimiento acordado por el Ayuntamiento de Málaga para que anule la liquidación de casi 63,4 millones de euros por la ejecución material del suburbano y, sobre todo, por su explotación comercial.
Así lo confirman a EL ESPAÑOL de Málaga fuentes de la Consejería de Fomento, que indican que una vez recibida la mencionada notificación municipal, el departamento encabezado por la consejera Rocío Díaz dispone de hasta un mes para contestar a la petición.
Las fuentes precisan que en caso de que no haya contestación, "el silencio ha de ser considerado como desestimatorio". Es decir, que si Fomento decide dejar pasar el tiempo sin responder, la contestación institucional sería contraria a los planteamientos del Ayuntamiento malagueño.
Esta es la fotografía actual que se puede hacer del conflicto abierto entre las administraciones local y regional con la financiación del ferrocarril urbano como epicentro. El episodio sorprende después de que la paz haya marcado la relación entre las dos instituciones desde que el Partido Popular, con Juanma Moreno a la cabeza, llegase al Gobierno andaluz.
Pese a este buen entendimiento general, Fomento, por exigencia de los servicios jurídicos autonómicos, puso en marcha a finales del año pasado la reclamación al Ayuntamiento de la capital de la Costa del Sol de una suma millonaria, con la que afrontar las obligaciones económicas que fueron asumidas por el aún alcalde, Francisco de la Torre, en el marco del convenio original del Metro, que data de abril de 2003.
Ese pacto recogía el reparto de obligaciones económicas entre la Junta y el Ayuntamiento. Si bien se incluía la financiación de los trabajos de construcción, el elemento de mayor impacto para las arcas municipales es el relacionado con el servicio comercial. El mismo debería ser sufragado en un 75% por la Junta y en un 25% por el Ayuntamiento.
800 millones ya pagados
La realidad es que en los ya más de diez años que lleva funcionando el suburbano, sólo la Administración regional ha pagado y lo ha hecho en la totalidad de los mismos, dado que el Consistorio no ha aportado cantidad alguna. Esto hace que en este intervalo de tiempo, la suma desembolsada por la hacienda regional se acerque a los 800 millones de euros.
Transcurrido un largo tiempo, los actuales responsables de Fomento han dado el paso al frente para reclamar a Málaga, así como a Sevilla (133,7 millones), parte de la suma que le correspondía. En concreto, casi 56 millones de euros. Un dinero que rápidamente el Consistorio ha rechazado, negándose a hacer frente a la suma y exigiendo la anulación de la liquidación.
Una vez sea contestado el requerimiento o el mismo sea denegado por silencio administrativo, el Ayuntamiento dispondrá de otros dos meses de plazo para interponer un recurso judicial en el contencioso-administrativo. Que es justamente para lo que se está preparando desde hace días.
El Ayuntamiento considera "no ajustada a derecho la liquidación efectuada, ya que el montante que pretende liquidar la Junta de Andalucía responde a la cantidad resultante de multiplicar en cada uno de los años de explotación del suburbano la tarifa técnica acordada con el concesionario por el número de viajeros del servicio".
"Esos son los parámetros que ha modificado la Junta en todos estos años, mediante las modificaciones del contrato de concesión en dos ocasiones: 16 de julio de 2014 y 22 de octubre de 2020, ambas sin el menor acuerdo con el Ayuntamiento, fuera del marco del convenio de 2003. En definitiva, la Junta de Andalucía ha tutelado en solitario el convenio original de 2003, y ahora pretende exigir al Ayuntamiento las cantidades que resultan de todos estos años, fruto de las decisiones y modificaciones concesionales exclusivamente achacables a la administración autonómica", sentencia.
