
La ambulancia del Samur que atendió a la joven agredida en Carabanchel.
Tensión en el edificio macrookupado de Carabanchel por la agresión a una menor: "Los vecinos viven con miedo"
Los vecinos de la calle Excelente 6 se reunieron este lunes con el delegado del Gobierno en Madrid para pedirle soluciones ante el problema de okupación.
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Los vecinos del edificio ubicado en la calle Excelente número 6, en el barrio de Carabanchel Alto, continúan su lucha contra la legión de okupas que usurparon de manera "muy rápida" 28 pisos del bloque 1 durante el pasado puente de la Inmaculada. Denuncian que la situación se está volviendo cada vez más "complicada y tensa", ya que este domingo 19 de enero, hacia las 19.15 horas, se produjo una agresión por parte de un menor de 13 años de una familia okupa a una joven de 16.
Un portavoz de Emergencias informa de que una unidad básica del Samur se desplazó hasta la calle Blanca 16, ubicada al lado del inmueble okupado, para atender a una joven que presentaba dolor en la pierna. Por fortuna, la víctima de esta agresión no precisó traslado hospitalario y fue dada de alta en el lugar.
Diversas fuentes confirman que se produjo esta agresión, aunque no detallan el nivel de daños que sufrió la víctima. También corroboran que el agresor es un chico de 13 años. Tal y como estipula la Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores, "el límite de los catorce años de edad para exigir responsabilidad sancionadora a los menores de edad penal". Por tanto, en este caso, se trata de un menor inimputable.
Los vecinos que residen legalmente en el edificio de la calle Excelente 6 están "cansados" de la situación. Un portavoz cuenta en conversación telefónica a Madrid Total que, a pesar de que Vivenio, empresa propietaria del inmueble, contrató una empresa de desokupación, solo se han producido "dos desalojos". Por ello la situación "sigue siendo prácticamente la misma" que al principio.
De hecho, los vecinos también denuncia que, según Servi-okupa, la empresa encargada de los desalojos, la semana pasada se iba a producir una "salida masiva" de okupas que no ha tenido lugar.

Seis vecinos frente al edificio de Carabanchel que ha sufrido una okupación.
El desalojo de las dos únicas familias que se han ido del inmueble se produjo el pasado domingo 12 de enero. El proceso fue pacífico y negociado, aunque los otros okupas acusaron a estas familias de "traidores" mientras se marchaban. Según fuentes vecinales, el gerente de Servi-okupa habló con las familias y les ofreció retirar las denuncias a cambio de que desalojaran el edificio. Muchos de los okupas tienen una situación legal y de residencia irregular y tener denuncias por okupación no favorece a la regulación de sus papeles en España.
Sin embargo, a pesar de esta pequeña victoria, lo cierto es que todavía hay decenas de okupas instalados en el bloque 1 de la calle Excelente número 6. De hecho, los vecinos que sí pagan el alquiler afirman que la situación "ha empeorado" a raíz de la citada agresión.
"Vivenio no ha vuelto a ponerse en contacto con nosotros y por su parte seguimos recibiendo el mismo mensaje de forma automática desde el pasado 11 de diciembre. Hay vecinos del bloque 1 que tienen miedo y prefieren salir acompañados. No tenemos nada en contra de estas personas, pero necesitamos que la situación cambie, al final, es una situación que nos afecta a todos, seguro que muchas familias querrían poder alquilar los pisos okupados", cuenta un vecino del inmueble.
Durante la tarde del lunes, varios vecinos de la calle Excelente número 6 se reunieron con el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, para pedirle soluciones al problema: "Necesitamos que el estado responda con una solución y una ley ante el problema de la okupación en Madrid y en España. Si quieren quedarse a vivir en el edificio, que pasen por el proceso de presentar papeles a avales y, por supuesto, que paguen el alquiler como hacemos todos", apostillan estas fuentes.
La Policía Nacional mantiene una investigación abierta sobre este caso de okupación en Carabanchel. Según confirmaron los vecinos, una mafia habría vendido ilegalmente estas viviendas, que todavía no estaban habitadas, a familias de origen peruano por unas cantidades entre los 2.000 y los 3.000 euros.