El objetivo es eliminar la competencia fiscal interterritorial y armonizar de manera encubierta la tributación sobre la riqueza. Los contribuyentes residentes en CCAA donde no se paga Impuesto sobre el Patrimonio estarán obligados a hacer frente al introducido por el Ejecutivo y aquellas en donde se sitúe por debajo del ISGF tributarán por la diferencia.

La propuesta gubernamental refleja un hecho evidente: la incompatibilidad de los planteamientos de la izquierda española con su hipotético ideario federalista y su necesidad de centralizar el poder fiscal para alcanzar sus fines políticos.

[El Gobierno anuncia rebajas fiscales a rentas inferiores a 21.000 euros y un impuesto para fortunas de más de tres millones]

En este caso, el impedir a los ciudadanos votar con los pies para huir de aquellos lugares en los cuales la voracidad recaudatoria de los gobernantes les arrebata una parte sustancial del ahorro acumulado a lo largo del tiempo, porque el patrimonio no es otra cosa que eso.

El socialismo en sus distintas versiones no puede operar sin centralizar porque, de lo contrario, su control de la economía se vuelve una tarea imposible y su capacidad de derrochar recursos se ve restringida.

"El socialismo no puede operar sin centralizar porque, de lo contrario, su control de la economía se vuelve tarea imposible"

Si un territorio X pierde riqueza porque ésta se traslada a un territorio Y, esto pone en evidencia que los costes de la fiscalidad en X son superiores a los beneficios que proporciona a los contribuyentes.

En el supuesto de que el Gobierno se salga con la suya y logre aprobar el ISGF, la competencia fiscal no desaparecerá. Quienes no estén dispuestos a soportar una tributación patrimonial abusiva dentro de España se desplazarán a países extranjeros en donde o bien no existen ese tipo de impuestos o bien los gravámenes son más bajos.

En este supuesto, se produce una pérdida neta de riqueza para el conjunto del país que prohíbe la competencia fiscal dentro de su ámbito territorial y se exporta capital que se empleará para crear riqueza en otros.

La experiencia suiza es muy interesante porque muestra cómo responde el capital acumulado a las modificaciones en su fiscalidad. La imposición patrimonial es una facultad reservada a los cantones.

En 2009, el cantón de Lucerna redujo un 50% el tipo impositivo que recaía sobre el patrimonio y el de Berna prácticamente le mantuvo sin modificaciones. En 2015, la riqueza acumulada en Lucerna excedió a la de Berna en un 40%.

¿Por qué? Los residentes en la primera permanecieron en ella y vieron crecer su stock de capital y entraron otros capitales de allende sus fronteras, atraídos por la bajada de impuestos (Brühart M. Krapt M, Gruber J, Shimidheluy K, Wealth Taxation: The Swiss Experience, CEPR, Dec.2019).  

"¿Quién pierde y quién gana con la competencia en la fiscalidad sobre el patrimonio?"

¿Quién pierde y quién gana con la competencia en la fiscalidad sobre el patrimonio? Los perdedores son, sin duda, alguna los Gobiernos cuya propensión vampírica a apropiarse del ahorro construido por los ciudadanos a lo largo del tiempo se ve severamente restringida, con lo cual se ven forzados a reducir la imposición que recae sobre aquel o han de resignarse a contemplar su fuga hacia autonomías más hospitalarias.

Los ganadores son los ahorradores, cuyo sacrificio de consumo presente por futuro tiene posibilidades de escapar a la rapiña de los gobernantes de turno, pero, también, la economía de las regiones que no penalizan el ahorro ya que dispondrán de más capital para invertir, crecer y generar empleo. Pero ahí no termina la historia…

¿A quién beneficia el IGSF? Al Estado y, en concreto, al Ejecutivo social-podemita. Las autonomías que han liberado a sus residentes del Impuesto sobre el Patrimonio transferirán al Gobierno central los ingresos a los que han renunciado para que éste los use como considere oportuno.

Se arrebata a, por ejemplo, los madrileños parte de su capital y se priva a la economía de la CAM de los flujos inversores derivados de él. Se trata pues de un doble y cínico latrocinio. Al mismo tiempo, la iniciativa gubernamental ataca de manera frontal la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas.

Estos eligieron gobiernos autonómicos que prometieron y cumplieron su compromiso de no gravar la riqueza de acuerdo con las competencias que les concede la ley. Se trata, por tanto, de una iniciativa antidemocrática y contraria al espíritu y a la letra de la legislación vigente.

Dicho eso, ¿por qué limitarse a armonizar por la puerta de atrás la imposición patrimonial? Las autonomías también tienen capacidad de alterar la que recae sobre la renta y, por supuesto, es insolidario y un ejercicio de 'dumping fiscal' que haya comunidades autónomas con unos tipos del IRPF inferiores a los de otras.

¿Cuándo va a acabar la solidaria coalición gubernamental con esa inaceptable situación? ¿Por qué un ciudadano de Madrid tiene que pagar menos por IRPF que uno de Cataluña? Armonicemos y, por supuesto, al alza porque eso es lo correcto, lo justo y, sobre todo, lo que me proporciona más plata para construir pirámides.

Ya se sabe que reducir la carga tributaria soportada por los individuos es un acto de insolidaridad y, por qué no decirlo, fascista. Esta distopía disparatada obedece a la misma lógica que soporta el ISGF y no cabe descartarla tal como está actuando el Gobierno.

El modesto federalismo fiscal existente en España, con el que el Gobierno quiere acabar, es una muestra clara de su eficacia. Pone en evidencia el creciente rechazo de los ciudadanos a los gobiernos autonómicos cuya voracidad no se ve acompañada por un uso productivo de los recursos extraídos a la gente.

El voto con los pies es una moción de censura al derroche de muchas autonomías y una muestra palpable de su ineficiencia. Esto resulta insoportable para quienes conciben a los individuos como vacas lecheras destinadas a aceptar con resignación el ser exprimidas para financiar los delirios políticos y los prejuicios ideológicos de la izquierda reinante. Por eso, se les quiere encerrar en una cárcel tributaria y, por eso, hace falta más y no menos competencia fiscal.