El ministro Escrivá (Seguridad Social) ha destapado la caja de los truenos fiscales autonómicos. Propone re-centralizar las decisiones sobre los tramos del IRPF y otros impuestos como el de Patrimonios o el de Sucesiones y Donaciones, que corresponde a los gobiernos de cada autonomía.

El PSOE tiene miedo a la competencia fiscal entre los entes autonómicos. Lo tiene porque, hasta ahora, ha sido un arma electoral a favor de Isabel Ayuso en Madrid y lo va a ser para Juanma Moreno en Andalucía.

La cuestión está sobre la mesa del Comité Ejecutivo del PSOE. Algunos dirigentes socialistas están tan asustados que están pidiendo rebajas fiscales al Gobierno para contrarrestar el efecto Ayuso-Moreno. Un efecto que puede contagiar a otras autonomías.

La reducción de los tramos autonómicos del IRPF o la supresión del impuesto de Patrimonio y las rebajas sustanciales del de Sucesiones o Donaciones manda un mensaje claro al electorado: somos gobiernos eficientes que no necesitamos esquilmar fiscalmente al ciudadano para realizar nuestra labor.

Hay un mensaje claro al electorado: somos gobiernos eficientes que no necesitamos esquilmar fiscalmente al ciudadano

La clase media y gran parte de la trabajadora está convencida que las tasas impositivas son excesivas. No digamos los autónomos que, además de correr el riesgo de trabajar por su cuenta, ven como en los meses de junio y noviembre reciben un "palo fiscal" porque han retenido solo el 15% de sus facturas.

Por eso el mensaje fiscal de las autonomías que reducen impuestos es peligroso para el PSOE, anclado en una obsesión recaudatoria.

Nadie está en contra de que el Estado y otras Administraciones recauden impuestos. Son necesarios para suministrar los servicios y productos públicos. Pero la sensación de expolio se produce al saber que entre IRPF, IVA, IBI, tasas y otros impuestos … muchos ciudadanos españoles trabajan medio año para pagar los impuestos. Sólo empiezan a trabajar para ellos mismos a partir de julio.

La sensación de expolio se produce al saber que muchos ciudadanos españoles trabajan medio año para pagar los impuestos

Los españoles estamos orgullosos de nuestro Estado del bienestar. No es difícil que alabemos nuestra sanidad en comparación con otros países. Pero también sospechamos que hay resquicios administrativos por los que se escapan muchos euros y no estaría de más mejorar la eficiencia.

Por eso cuando se nos dice que se puede hacer lo mismo, o más, con menos impuestos nos sienta bien.

La propuesta de Escrivá, jacobina y socialista, pretende uniformar decisiones fiscales en sus impuestos.

¿Creen que las Haciendas forales vascas estarían de acuerdo? Lo acusarían de injerencia en sus competencias propias.

¿Y Cataluña? Tiene los impuestos autonómicos altos por razones de ineficiencia administrativa e ideología. A pesar de que el Estado ordenase bajarlos, algo que alegraría al contribuyente catalán, la Generalitat se declararía en rebeldía. Las excusas serían la injerencia competencial y la necesidad de gravar las rentas altas, incluyendo las herencias.

Por tanto, no sería una medida políticamente sencilla, dado el tipo de aliados que necesita Sánchez para sus mayorías parlamentarias ¿Por qué el ministro ha lanzado ese globo sonda?

Juanma Moreno e Isabel Ayuso dirían que el PSOE se pone nervioso porque tiene miedo a la "libertad". Porque el socialismo cree que el dinero está mejor gestionado por las Administraciones con criterios políticos, que en mano de los ciudadanos que lo utilizan libremente según sus necesidades. Y, cómo diría Adam Smith, las múltiples decisiones de tantas de personas acaban siendo lo más racional para el sistema económico. Mejoran su eficiencia.

Pero no es este el único argumento electoral en que distintas autonomías compiten. Un ejemplo más es el tratamiento de la "educación concertada". Muchos padres quieren elegir centros que les aseguren una cierta formación de acuerdo con sus ideas.

A la vez consideran que el Estado debe ayudarles a esa educación libre de prejuicios y encuentran la solución en la concertación. Pagan sus impuestos y, en consecuencia, tienen derecho a que la educación de sus hijos sea apoyada por las arcas públicas, aunque la gestión sea privada. Por eso votan a un partido u otro.

Hay comunidades autónomas más proclives a la educación concertada. ¿Debería el Estado uniformar esas competencias?

El Estado de las autonomías que creamos en la Constitución del 78 puede que no guste a algunos. Pero, visto lo visto, también sirve para evitar uniformidades que restrinjan la libertad.

*** J. R. Pin es profesor del IESE. 

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