La expresión puertas giratorias está instalada en nuestro debate político con la misma soltura con que se manejan toneladas de tópicos que sirven para despachar un debate sin haber entrado en él.

Porque, cuando hablamos de puertas giratorias, el común de los mortales piensa automáticamente en el político -generalmente, ministro o alto cargo- que, al cesar en su puesto, pasa a la actividad privada y se vale de su anterior responsabilidad y sus contactos para sacar ventajas de algún tipo.

Como primera definición, puede aceptarse. Pero ahora toca profundizar. Y lo primero que hay que decir es que lo público y lo privado se entrecruzan y se interrelacionan de forma inevitable y, si se hace bien, es positivo. No existen, por un lado, los altos cargos, como una categoría inmutable e intocable, y, por otro, los profesionales del mundo de la empresa como otro grupo sin conexión ninguna con aquel. Políticos y profesionales se intercambian con naturalidad y en ese intercambio en el que, metafóricamente, unos entran y otros salen, es natural que existan puertas. Giratorias, abatibles o correderas, en función, como diría la publicidad al uso, del espacio disponible y del confort deseado.

Nadie puede estar en contra de estas puertas. Nadie puede oponerse a que los profesionales de la empresa privada dediquen un tiempo de su preparación y de su talento a las exigencias de la política, como a nadie puede parecerle mal que, cuando un político ha volcado lo mejor de su vida en la acción pública, decida, por voluntad propia o invitación de los votantes y de su partido, brindar su servicios, sus conocimientos (¡y sus contactos!) al mundo de la empresa.

Lo público y lo privado se entrecruzan y se interrelacionan de forma inevitable y, si se hace bien, es positivo

La cuestión estriba en definir qué son las puertas giratorias y cómo deben regularse. Porque claro que deben regularse. Es el único modo de que funcionen bien.

En el plano formal, España cuenta desde hace años con una ley que regula los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos. Esta ley establece limitaciones al ejercicio de actividades privadas durante los dos años siguientes a la fecha del cese del alto cargo, siempre que esas actividades estén relacionadas directamente con las competencias del cargo desempeñado. Contamos, de hecho, con una Oficina de Conflictos de Intereses que debe emitir un informe sobre cada caso.

En la práctica, de un modo asombroso, esta oficina apenas señala ninguna incompatibilidad que impida al ex alto cargo moverse entre consejos de dirección, despachos de abogados o consultoras de lobby. Y este es un asunto bien extraño sobre el que merecería la pena indagar.

A los lobistas -a los que estamos encuadrados en APRI, por supuesto, pero probablemente también a los demás- esto nos preocupa. Nos gustaría que hubiera una regulación más exigente, en la que el principio de transparencia fuera implacable con cada movimiento de la puerta cuando se trata de salir de la Administración hacia la empresa privada.

Pero también al revés. Recientemente, hemos visto el caso de un expolítico que, legítimamente, se había integrado en una consultora de asuntos públicos, y que de la noche a la mañana ha sido reincorporado por sus antiguos compañeros de partido a los más altos escalafones del poder ejecutivo. Una puerta giratoria en sentido inverso, digámoslo así, donde no nos queda claro si este lobista-político se ha llevado bajo el brazo los asuntos de su exclientes para tratarlos, con el cariño lógico, a la sombra directa del poder.

Este caso -el del político transformado en lobista y reconvertido de nuevo en político- tiene un contrapunto que se dio, por ejemplo, con un alto cargo de los gobiernos de Zapatero, que primero fue directivo de una de las grandes energéticas de este país, ocupó después un alto cargo en el departamento ministerial que regulaba sobre ese sector y volvió después a la misma empresa con el mandato especifico de seguir haciendo lobby y relaciones institucionales.

Estos dos casos, que tienen nombres y apellidos, son, más que puertas giratorias, ejemplos paradigmáticos de norias en funcionamiento constante.

Y eso nos parece mal, francamente. Porque las puertas son muy útiles, pero las norias terminan mareando.

Y para que no nos mareen y las puertas sigan girando con normalidad, los lobistas profesionales, éticos y responsables proponemos que, cuando el cargo público pase a ser lobista, no pueda ejercer, durante un periodo de tiempo generoso, actividades de lobby relacionadas con las responsabilidades públicas -ejecutivas o legislativas- en las que ha tenido competencia.

Y, a la inversa, que quien proceda de la actividad privada no pueda intervenir, desde el ejecutivo o desde el legislativo, en asuntos de los que se haya ocupado antes de acceder al cargo. Y todo ello, además, acompañado de los preceptivos registros de transparencia obligatorios, agendas públicas y huella normativa, sobre lo que tanto hay aún que trabajar.

Solo así podremos evitar que las puertas giratorias se conviertan en norias.

*** Irene Matías y Juan Torres son directora general y vocal de Comunicación de APRI.