En vez de ocuparse de cuestiones que no les competen sería razonable que el uno acometiese la reforma de las pensiones que la UE y la realidad le exigen y el otro pusiese orden en sus finanzas, que ha cerrado con el mayor déficit público autonómico en 2020, y aplicase una estrategia que devolviese a la Comunidad Valenciana el lugar preminente que ocupó en la economía española y que la izquierda valenciana le ha hecho abandonar.

De entrada, el ser la capital política de un Estado no tiene nada que ver con ser su capital económico-financiera. Nueva York y no Washington lo es; Toronto y no Otawa lo es; Milán y no Roma lo es; Sidney y no Camberra lo es; Shanghai y no Pekín lo es…

El crecimiento y el desarrollo, el Presidente de la Comunidad Autónoma Valenciana quizá lo ignore pero el Ministro de Pensiones lo sabe perfectamente, dependen del marco institucional y de la política económica desplegadas en un territorio, no de que en éste se ubique o no la capital y en mayor medida cuando, como en España, la organización territorial está muy descentralizada. Este es un hecho avalada por una abrumadora literatura y por la evidencia empírica.

La propuesta resulta absurda, pero, de acuerdo con su propia lógica, habría de aplicarse también a las capitales de las autonomías que de acuerdo con el criterio esgrimido por sus promotores recibirían también los beneficios derivados de ostentar ese título.

Quienes se llenan la boca con proclamas autonómicas y federalistas no están dispuestos a asumir algo básico del autogobierno: la corresponsabilidad fiscal

En otras palabras, las personas de rentas altas en Valencia, Sevilla, Barcelona, Valladolid etc. deberían soportar una carga tributaria superior a la de las ciudades que no tienen el honor y las ventajas de la capitalidad. ¿Es ridículo verdad? Pues sí lo es, pero ésta es sólo la punta del iceberg.

Quienes se llenan la boca con proclamas autonómicas y federalistas no están dispuestos a asumir algo básico del autogobierno: la corresponsabilidad fiscal. Esto es así por una razón muy simple; a saber, no quieren tener la obligación de financiar sus aumentos de gasto público con subidas de impuestos y aspiran a algo adicional, a que quienes gestionan con rigor sus recursos y además tienen el mal gusto de reducir la fiscalidad que recae sobre sus ciudadanos y sobre sus empresas no puedan hacerlo y, eso sí, financien a quienes, como el Sr. Puig los derrochan. Esto no es solidaridad sino una singular mezcla de cara dura y de envidia pseudo igualitaria.

Por añadidura, la necesidad de cubrir los incrementos de gasto con alzas impositivas supone un evidente control para los gobiernos autonómicos dilapidadores. Tendrían que explicar por qué y para qué quieren gastar más.

Eso constituiría un ejercicio de transparencia que no quieren aceptar porque pondría de manifiesto la absoluta falta de racionalidad social y económica de un gran número de sus programas de gasto.

Por eso prefieren optar por recibir transferencias del Estado y endeudarse porque, de ese modo, otros pagan sus dislates. Esta es la causa real del proyecto armonizador impulsado por el Gabinete y respaldado por algunas/bastantes autonomías.

Cuanto peor lo haga un Gobierno autonómico, cuánto más empobrezca a sus ciudadanos mayores transferencias recibirá

La débil competencia tributaria que existe en España es muy desagradable porque pone de relieve quienes gestionan bien y quienes lo hacen mal. Es así de sencillo. La armonización sólo pretende acabar con esa incómoda comparación y evitar que se puedan bajar los impuestos en España al servicio de los objetivos políticos de muchos caciques regionales.

Esto convierte el federalismo gubernamental en un cascarón vacío, en un juego de suma cero en el que no sólo se niega a los ejecutivos autonómicos responsables la capacidad de trasladar a los ciudadanos los resultados de su buena administración a sus ciudadanos, sino que se les penaliza. Cuanto peor lo haga un Gobierno autonómico, cuánto más empobrezca a sus ciudadanos mayores transferencias recibirá.

Madrid no es un problema, sino una solución. Es el reflejo paradigmático de cuál es el modelo que permite a una autonomía crear riqueza: un clima y un entorno favorable a la actividad empresarial y a la atracción de capital humano y financiero. Esa es la política que el Sr. Puig debería seguir y que no hace mucho tiempo el Sr. Escrivá defendía.